Los valientes comunistas letones luchan, avanzan, triunfan...

Alfred Rubiks, heroico dirigente de los comunistas letones y del Pueblo trabajador de Letonia
A fines de los años 80 el Partido Comunista de Letonia (PCL) tenía 180 mil candidatos a miembros y candidatos a miembros sobre una población en la RSS de Letonia de 2.681.000 habitantes. Mientras avanzaban las fuerzas contrarrevolucionarias y la URSS se hundía en el caos propiciado por la perestroika de Gorbachov, una parte de los militantes comunistas entraron en el Frente Popular de Letonia (FPL) dirigido por la derecha. El PCL defendía una Letonia soviética y socialista dentro de una nueva Federación en la que gozase de soberanía. La contrarrevolución triunfó en 1991, Letonia se convirtió en una colonia alemana y yanki y los comunistas fueron perseguidos por su lealtad al socialismo. El Partido fue ilegalizado, sus bienes incautados y sus dirigentes encarcelados y condenados. En 1994 los comunistas crearon el Partido Socialista de Letonia (PSL-Latvijas Socialistiká Partija) para seguir luchando por el socialismo en medio de la derrota temporal. El Paritdo propuso crear un amplio frente de izquierdas para recuperar el poder. Siguió defendiendo la soberanía del país sin pertenecer a ningún bloque y rechazó la entrada en la OTAN. Planteó crear una zona no nuclear en el Báltico. En 1998 el Partido creó la coalición llamada "Partido por los derechos humanos en Letonia Unida"(PCTVL en letón) junto con el Partido de la Concordia nacional (TSP), grupo socialdemócrata formado por los comunistas que se fueron al FPL, y el grupo Igualdad de Derechos liderado por la ex comunista Tatjana Zdanoka. La coalición logró 25 de los 100 escaños del parlamento en 2002. En 2007 salió de la coalición el PSL y el PCTVL se convirtió en un partido de izquierda, anti OTAN, defensor de la minoría rusófona y miembro del Grupo de los Verdes europeos. El PSL, el TSP y un socio menor ("Nuevo Centro") crearon otra coalición, "Centro de concordia"(Saskanas Centrs-SG) que en las europeas de 2009 han conseguido un gran éxito: 20 % de los votos y 2 eurodiputados, entre ellos el presidente del PSL y antiguo secretario del PCL, heroico camarada Alfred Rubiks, encarcelado por 6 años por su defensa de la URSS. En la capital, Riga, el SG ha ganado con el 35 % de los votos. En la ciudad de Dangavpils consiguió el tercer puesto con 18,24 %. El PSL está creciendo y en 2008 el 40 % de los nuevos afiliados son jóvenes, tanto obreros como estudiantes. Es un partido de unidad ya que no sólo lo apoyan las decenas de miles de rusófonos marginados y oprimidos por el nacionalismo reaccionario en el poder, sino también los letonófonos trabajadores y campesinos que desean reconstruir el socialismo y una auténtica soberanía libre del yugo de la OTAN y la UE.

Un golpe ilegal que acusa a MEL de actuar ilegalmente

Un golpe de Estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño
Enrique Santiago Rebelión

El articulo 5 de la Constitución de la República de Honduras establece que el “El gobierno debe sustentarse en el principio de democracia participativa (...)”

Añade el articulo 15 de la Carta Magna hondureña: “Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales (...)”

De igual forma, la constitución hondureña establece en su articulo 16, que los tratados internacionales celebrados por Honduras, una vez que entran en vigor forman parte de su ordenamiento jurídico interno.

Con fecha 23 de Marzo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, de 23 de marzo, por el que se convocaba “(...) una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución Política (...)”. Dicho Decreto Ejecutivo no llegó a ser publicado en el Diario Oficial hondureño, “La Gaceta”. Conforme al articulo 221 de la Constitución Hondureña, las leyes no son obligatorias hasta su publicación en el diario oficial y una vez transcurrida la “vacatio legis” establecida.

El objeto del Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, tal y como aparece en el párrafo anterior, ha sido tomado literalmente del “Requerimiento Fiscal para que se libre orden de captura” contra el Presidente Zelaya, de fecha 25 de junio de 2009, emitido por el Fiscal de la Nación de Honduras.

Con fecha 26 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó Sentencia Interlocutoria en el procedimiento Demanda nº 151-09 incoada a solicitud del Ministerio Publico (Fiscalía de la Nación), sentencia por la que se ordenaba suspender “todos los efectos del acto administrativo tácito de carácter general impugnado que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009 de 23 de marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo”, con lo que la meritada sentencia igualmente prohibía la publicación en el diario oficial “La Gaceta” de dicho Decreto Ejecutivo, que en dicha fecha aun no había sido publicado por motivos que se desconocen para los redactores de este informe.

La indicada sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa añade: “(...) De igual manera (se acuerda) la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la Republica”.

Con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009.

Con fecha 26 de Mayo de 2009 mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 (La Gaceta nº 31.945, de 25 de junio de 2009), y con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras (Decreto nº 3-2006, del 27 de enero de 2006, publicada el 1 de febrero de 2006) el Presidente Zelaya acordó encargar al Instituto Nacional de Estadística de Honduras la realización de una “Encuesta Nacional de Opinión” a celebrar el día 28 de junio de 2009, en la que se preguntaría a los ciudadanos la siguiente cuestión: “¿Esta de acuerdo en que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?, SI- NO”

Con fecha 29 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, a solicitud el Ministerio Publico (Fiscal de la Nación) emitió la siguiente “aclaración” de la sentencia de fecha de 27 de mayo de 2009.

“ACLARA: La sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo de 2009 en el sentido de que los efectos de la suspensión ordenada, del acto tácito de carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009, de fecha 23 de marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido, o se emita, ya sea expreso o tácito, por su publicación o falta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que conlleve el mismo fin del acto administrativo tácito de carácter general que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara”.

A simple vista se aprecia el carácter arbitrario y falto de fundamentación de la anterior “aclaración de sentencia”, que no contempla antecedentes ni hechos diferentes a los ya contemplados en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009. Esta última sentencia fue dictada con posterioridad a la aprobación del Decreto Ejecutivo 020-2009 del Poder Ejecutivo (Presidente de la Republica) de fecha 26 de mayo de 2009, por lo que bien podía haber contemplado como antecedentes de hecho el contenido del mencionado Decreto 020-2009. Tampoco consta acto de impugnación expresa de parte alguna contra el mencionado Decreto 020-2009, por lo que para el supuesto de que la mencionada “aclaración de sentencia” se entendiera aplicable para restar o anular efectos al Decreto Ejecutivo 020-2009 de 26 de mayo, nos encontraríamos ante un claro supuesto de “incongruencia judicial extra petita”*, proscrito por los Principios General del Derecho Procesal, así como por las normas procesales hondureñas.

El articulo 5 de la Constitución de Honduras, instituye como mecanismo de consulta a los ciudadanos el referéndum –definido este como ratificación o desaprobación por la ciudadanía de una ley ordinaria, norma constitucional o reforma constitucional- y el plebiscito -definido como pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa- . Nada obsta por tanto a que con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras, el Presidente de la Republica encargue al Instituto Nacional de Estadística la realización de una Encuesta o Consulta sin carácter vinculante. Recuérdese que por norma constitucional, el resultado de un Referéndum o de un Plebiscito tendría fuerza imperativa y seria vinculante para los poderes públicos.

Añade el articulo 5 de la Constitución de Honduras, que “corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos, señaladas en los párrafos anteriores” (referéndum y plebiscitos vinculantes).

Por lo anterior, la conclusión evidente en Derecho es que la convocatoria de una consulta distinta a las reguladas en el articulo 5 de la Constitución hondureña, no invade ni las competencias de los órganos constitucionales con capacidad para convocar el Plebiscito o el referéndum, ni mucho menos puede considerarse en una democracia como un “delito” la mera voluntad de conocer la opinión de la ciudadanía, máxime cuando no existe norma jurídica expresa en el ordenamiento hondureño que impida realizar tales consultas. Al respecto, seria de aplicación el principio de legalidad penal, así como el principio general del derecho de mínima intervención del derecho penal.

Sin embargo, el Fiscal de la Nación, en su solicitud de captura del Presidente de la Republica y de allanamiento de la vivienda de este (Palacio Presidencial) de fecha 25 de junio de 2009 -que aparece en el expediente judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras referido a los sucesos de los días 28 de junio de 2009 y sucesivos, formula las siguientes acusaciones penales contra el Presidente Zelaya, por el hecho de haber convocado una “Encuesta Nacional de opinión a celebrar el día 28 de junio de 2009” mediante el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009:

1º.- Delito contra la Forma de Gobierno

2º.- Delito de Traición a la patria

3º.- Delito de abuso de autoridad

4º.- Delito de usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Publica y el Estado de Honduras.

1.- Delito contra la forma de Gobierno, tipificado en el artículo 328.3 del Código Penal hondureño:

“delinquen contra la forma de Gobierno: (...) quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes: (...) 3.- despojar en todo o en parte al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la constitución”.

Obsérvese en este punto, y antes de continuar el razonamiento, que la destitución mediante golpe de estado del Presidente Zelaya, sin duda ha supuesto la perpetración de un delito contra la forma de Gobierno por parte de quienes perpetraron dicha destitución.

A juicio de esta parte, el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 no ha despojado ni al Congreso Nacional ni a la Corte Suprema de Justicia de ninguna de sus prerrogativas o facultades. Las prerrogativas supuestamente despojadas, según la acusación presentada por el Fiscal de la Nación de Honduras en fecha 25 de junio 2009 contra el Presidente Zelaya, serian las contempladas en el antes citado articulo 5 de la Constitución: la convocatoria de plebiscito o referéndum. Como ya hemos visto, la Encuesta Nacional de Opinión convocada mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009, ni tenia forma de plebiscito o referéndum, ni los efectos jurídicos de la misma eran equiparables al efecto jurídico de las dos mencionadas formas de consulta reguladas en el articulo 5 de la Constitución.

2.- Delito de Traición a la Patria: Conforme a la citada acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, el delito de Traición a la Patria aparecería tipificado en el articulo 2 de la Constitución hondureña en relación al art. 4 de la misma norma fundamental. Establece el artículo 2 de la Constitución hondureña:

“La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado que se ejercen por representación.

La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”,

añadiendo el artículo 4 de la norma constitucional:

“La forma de gobierno es republica, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.

La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Republica es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”

A primera vista se observa la deficiente técnica jurídica constitucional, que tipifica una actuación política como delito a través de norma penal en blanco -toda vez que se establece el delito pero no la pena correspondiente al mismo- en un texto -el constitucional- cuya misión es determinar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico hondureño y en ningún caso definir tipos penales.

El Código Penal, en su artículo 310-A, sin definir el tipo penal, establece la pena correspondiente al delito de “traición a la patria” tipificado en el artículo 2 de la Constitución hondureña, estableciendo una pena de 15 a 20 años de reclusión.

La acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, por la hipotética comisión del delito de “Traición a la Patria” se fundamenta en lo establecido en el párrafo 7 del articulo 5 de la Constitución: “No serán objeto de referéndum o plebiscitos los proyectos orientados a reformar el articulo 374 de la Constitución (...)”,en relación con los artículos 373, 374 y 375 de la Constitución hondureña.

Sin duda alguna, los contenidos de estos artículos constitucionales configuran el verdadero núcleo del debate político que ha provocado el golpe de estado realizado en Honduras el pasado día 28 de junio de 2009. Se trata de tres artículos constitucionales, que en síntesis, proscriben cualquier reforma constitucional que afecte a la forma de gobierno de la republica, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica a quien haya desempeñado anteriormente dicha magistratura, así como se refiere a quienes no puedan ser Presidente de la republica en el periodo subsiguiente a haber desempeñado determinados cargos institucionales.. Son los artículos denominados “pétreos” por el constitucionalismo hondureño, supuestos de irreformabilidad constitucional no previsto en ningún otro texto constitucional del mundo –salvo quizás y parcialmente la actual constitución italiana, que en su articulo 139 proscribe la revisión constitucional de la “forma republicana” impidiendo así la implantación de un régimen monárquico-, que bien podria definirse como propio del preconstitucionalismo de los albores del Siglo XIX, y que podria llegar a conculcar incluso lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 25. a.) en la medida en que de facto significa una usurpación de la soberanía popular, a la que se veta la posibilidad de decidir libre y democráticamente un sistema político diferente al consagrado en dichos artículos “pétreos”. Esta prohibición vulneraría el "contenido esencial" del derecho de sufragio, puesto que sustrae del poder constituyente una decisión como es la de si un presidente puede ser reelegido.

Establece el citado articulo 374 de la Constitución hondureña: “No podrán reformarse, en ningún caso, el articulo anterior, el presente articulo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica, el (sic) ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier titulo y el referente a quienes no pueden ser Presidente de la republica por el periodo subsiguiente”

Como se aprecia, la acusación formulada por el Fiscal de la Nación de Honduras indebidamente equipara la convocatoria de una Encuesta Nacional de Opinión por el Presidente Zelaya, -cuyo objetivo o resultado no era la realización de reforma constitucional alguna sino mas bien conocer la opinión de la ciudadanía sobre la necesidad de abordar dicha reforma-, con la realización de una reforma constitucional contraviniendo lo establecido en los artículos 373 (competencia del Congreso Nacional para operar reformas constitucionales), 374 y 375 (inderogabilidad de la Constitución si no es reformada por las vías establecidas en ella) de la Constitución Nacional. Sobran argumentos -jurídicos y lógicos- para acreditar que en ningún caso la convocatoria -ni tan siquiera la realización, ya que nunca llegó a celebrarse- de la mencionada Encuesta o consulta nacional puede ser equiparable a la realización de una reforma constitucional o a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa es conocer el estado de opinión de la ciudadanía -por lo demás, sumamente aconsejable en cualquier democracia- y otra cosa es pre-establecer que dicha opinión una vez manifestada equivale a un mandato imperativo, máxime cuando ni tan siquiera se ha podido verificar a través de la Encuesta Nacional de opinión, cual es realmente dicha opinión. Se imputa como delito al Presidente Zelaya la realización de una supuesta reforma constitucional que a fecha de hoy nadie ha indicado o acreditado en que consistiría exactamente, es decir, cuales serian los artículos reformados o a reformar.

Conviene destacar aquí que mediante Decretos 412-2002 de 13 de Noviembre de 2002, ratificado por Decreto 154-2003 del 23 de septiembre de 2003, el Congreso Nacional aprobó la reforma de los articulos 239 y 240 de la constitución hondureña, ambos declarados “pétreos” por el articulo 374 de la Constituicion. En dicha ocasión -en la que si se consumó reforma constitucional llevada a cabo por el Congreso de la Nacion aprobándose la posibilidad de reelección presidencial entre otras reformas - ni la Fiscalia de la Nación ni la Corte Suprema de Justicia iniciaron acción penal alguna contra los responsables de dicha reforma. Con fecha 11 de Noviembre de 2008 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló dichas reformas por inconstitucionales, sin adoptarse medida punitiva o reproche penal alguno contra ningun ciudadano.

3.- Abuso de autoridad: tipificado en el articulo 349.1 del Código Penal: “será castigado con reclusión (...) el funcionario o empleado publico que: 1. Se niegue a dar debido cumplimiento a ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”

El Fiscal de la Nación formula esta acusación de desobediencia judicial al Presidente Zelaya a pesar de que como mas arriba se ha indicado, con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009, todo ello en cumplimiento de la Sentencia emanada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa. La mera existencia del Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 es prueba fehaciente del acatamiento presidencial de la señalada sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo, a pesar de que dicho conflicto de poderes -entre el Ejecutivo y el Judicial- debiera mas bien haberse resuelto aplicando los mecanismos previstos en la legislación administrativa hondureña para la resolución de conflictos de competencias entre diversos organismos del Estado, y no recurriendo a la judicialización penal de este conflicto, en abierta contradicción con el principio de mínima intervención del derecho penal.

Parece en todo caso exorbitado que el Fiscal de la Nación formule acusación contra el Presidente Zelaya equiparando a este a “funcionario o empleado publico”, sin reconocer las prerrogativas, inmunidades e inviolabilidades que debe ostentar la primera magistratura de Honduras, atendiendo tanto a lo establecido en el Derecho Internacional Penal (Sentencia Corte Internacional de Justicia de la Haya de 14 febrero de 2002. RD Congo vs Bélgica), como a la propia legislación interna hondureña.

En el derecho internacional publico, el principio de inmunidad estatal se hace extensivo a sus agentes en particular al Jefe de Estado, que usualmente -si es electo legítimamente- encarna la soberanía de su nación y ejecuta los principales actos de estado.

La inmunidad del jefe de estado se define de dos formas: la inmunidad "ratio personae" y la inmunidad "ratio materiae".

Bajo la primera se exime al gobernante en ejercicio por ser quien es, el jefe de estado. Es una cortesía que se concede entre estados para evitar que se utilicen los tribunales para sustanciar asuntos políticos internos o entre estados.

Bajo la segunda se mantiene la inmunidad después de haber cesado en su cargo en cuanto a aquellos actos de estado (actos de gobierno) que realizó el jefe de estado durante su mandato pero no así respecto a actos privados que no son actos de gobierno, incluidos actos con responsabilidad penal internacional, que por definición nunca pueden ser actos de gobierno.

El Código Penal hondureño, en su artículo 316, expresamente contempla la inmunidad de un “Jefe de Estado extranjero”, por lo que parece lógico entender que dicha inmunidad durante el ejercicio del cargo ha de extenderse al Jefe de Estado hondureño. máxime atendiendo a las norma contemplada en el articulo 323 del Código Penal hondureño en vigor: “Quien ofendiere al Presidente de la Republica en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho a doce años de reclusión”

4.- usurpación de funciones: conforme a lo establecido en el articulo 354 del Código Penal hondureño, “el funcionario o empleado publico que usurpare funciones de otro cargos era sancionado con reclusión (,...)”

Nuevamente el Fiscal de la Nación, equiparando al Presidente Zelaya a un funcionario o empleado publico y obviando su condición de Jefe de Estado, formula acusación por un resultado que nunca se produjo: la supuesta usurpación de funciones del Congreso Nacional por el Presidente de la republica en el supuesto de que este convocara y constituyera una Asamblea Constituyente o bien reformara directamente la constitución hondureña. Olvida el Fiscal de la Nación lo establecido en el articulo 13 del Código Penal hondureño respecto a los hechos que pueden ser considerados delitos: “El delito será de ser (sic) realizado por acción o por omisión (...)”, Pas no por “intención”, podríamos añadir a sensu contrario, no pudiendo existir por tanto delito alguno sin que exista previamente la perpetración del acto delictivo. Como resultado de la solicitud de detención y allanamiento contra el Presidente de la Republica solicitada por el Fiscal de la Nación en fecha 25 de junio de 2009, con supuesta fecha de 26 del mismo mes se emitió “orden de captura, toma de declaración y allanamiento de su vivienda” contra el Presidente Manuel Zelaya, en un hecho inédito en los estados de Derecho occidentales y sin iniciarse previamente procedimiento o discusión política alguna sobre la cesación de las inmunidades propias del Jefe de Estado en ejercicio.

Decimos “supuesta fecha” de la orden de detención, toda vez, que nadie, ni aun los abogados particulares del Presidente Zelaya que el mismo día 28 de junio interpusieron recurso de amparo contra la anterior orden, vieron la misma hasta al menos el 30 de junio de 2009, veinticuatro horas después de haber sido perpetrado el golpe de estado. Como argumento para no serles mostrada dicha orden el día 28 de junio , la Corte Suprema alegó la “secretividad” del procedimiento penal seguido contra el Presidente Zelaya, que recodemos, ya había sido expulsado del país y cesado en su cargo, por lo que difícilmente la mencionada “secretividad” tendría fundamento alguno al ser imposible que el acusado realizara cualquier actuación tendente a ocultar o destruir pruebas incriminatorias..

La mencionada orden de la Corte Suprema de Justicia establece “(...) líbrese orden de captura por conducto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado. En vista de que los delitos que se denuncian son sancionados con penas muy elevadas y existiendo un peligro de fuga, decrétese el Allanamiento de la vivienda del ciudadano antes mencionado en la Colonia Tres Caminos, cuarta avenida, segunda casa, manos izquierda, sin numero (se refiere al Palacio Presidencial) el que deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente, y para tal efecto nómbrese Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (...) teniente coronel de las Fuerzas Armadas Hondureñas (...)”.

Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.

El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.

Posteriormente, el Ejercito Hondureño ha venido presionando a los militares integrantes de la Guardia Presidencial testigos del secuestro del Presidente Zelaya –según alguno de ellos ha declarado personalmente a los integrantes de esta misión de Observación y a terceras personas-, con el fin de que declararan que el allanamiento de la casa presidencial se produjo con posterioridad a las 6 AM del día 28 de junio, que se mostró orden judicial de detención y allanamiento y que no se produjo violencia alguna durante el allanamiento.

La citada orden de detención y allanamiento librada contra el Presidente Zelaya expresamente indica que el allanamiento debería realizarse “entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente”, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 99 de la Constitución hondureña para la realización de allanamientos. Se observa que las fuerzas militares que perpetraron tal allanamiento no respetaron ni el contenido de la orden de realizar este –Zelaya nunca fue presentado ante la justicia hondureña- ni el citado precepto constitucional, toda vez que el allanamiento se realizó cuarenta y cinco minutos antes de las 6 AM del 28 de junio.

Tanto la orden de allanamiento como la orden de captura deben ser mostradas a sus destinatarios por las autoridades que las ejecuten. así se dispone en el artículo 214 del Código Procesal Penal hondureño respecto a la orden de allanamiento y en el artículo 84 de la Constitución respecto a la orden de captura. En el caso del secuestro del Presidente Zelaya, a este no le fueron mostradas ni la orden de allanamiento ni la orden de captura, ni le fueron expresadas los motivos de esta, tal y como han declarado el propio Presidente así como los testigos presentes en el momento de la irrupción de las Fuerzas Armadas hondureñas en la Casa Presidencial.

Posteriormente y en flagrante violación de la orden de captura y allanamiento emitida por la Corte Suprema de Justicia, que indicaba:

“(...) para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado(...)”,

el Presidente Zelaya fue expulsado de facto del país a bordo de un avión que le trasladó a Costa Rica custodiado por militares hondureños. Es decir, ni se puso al Presidente “a la orden de la autoridad judicial”, ni se le tomo declaración judicial, además de ser expulsado del país sin que exista norma legal alguna que habilite para la realización de esta acción. De hecho, el articulo 71 de la Constitución establece que “(...) nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito (...)”. Igualmente, el articulo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”

Igualmente, el nombramiento por la Corte Suprema de Justicia de “Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (...) teniente coronel de las Fuerzas Armadas” para la ejecución de la orden de captura y allanamiento dictada contra el Presidente Zelaya, conculca claramente lo establecido en el articulo 274 de la Constitución, al otorgarse por la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas competencias en materia judicial y de seguridad publica que la Constitución no les otorga. Establece el articulo 274 de la norma constitucional hondureña, que las Fuerzas Armadas “(...) cooperaran con las instituciones de seguridad publica, a petición de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, trafico de armas y el crimen organizado (..)” no dándose ninguno de los anteriores supuestos de hecho ni habiendo existido petición alguna a las Fuerzas Armadas por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.

En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09. La Gaceta nº 31.950, de 1 de julio de 2009

El anterior Decreto es claramente inconstitucional, por los siguientes motivos:

El articulo 205, numeral 20, de la Constitución hondureña otorga al Congreso Nacional la atribución de “aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo (...)”, improbación que equivale a reproche político y que en absoluto lleva aparejada la potestad de separar del cargo al Presidente de la Republica. Preguntado el Fiscal de la Nación por los miembros de esta misión Internacional sobre la norma o normas legales que habilitan al Congreso Nacional u a otra autoridad para “separara al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del Cargo de Presidente Constitucional” tal y como reza el articulo 1, apartado 2 del mencionado Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, éste se remitió al Capitulo III del Libro Quinto del Código Procesal Penal hondureño, que regula el “procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del estado”. Este capitulo, que consta de cuatro artículos (414 al 417) en absoluto contempla el cese cautelar o definitivo de ningún alto funcionario por el hecho de estar sometido a procedimiento penal, como no podría ser de otra manera en aplicación del principio de presunción de inocencia de que disfruta cualquier ser humano hasta que no haya sido condenado por sentencia firme (declaración Universal de los Derechos Humanos, articulo 11.1, y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art 14.2).

De esta forma, el mencionado articulo 1, apartado 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, al “separar” al Presidente Zelaya del ejercicio del cargo de Presidente de la Republica, consuma el Golpe de Estado que comenzó a ejecutarse en la mañana del día 28 de junio de 2009 al secuestrar el ejercito hondureño al Presidente Zelaya.

De hecho, el nombramiento de Roberto Micheletti Bain como “Presidente Constitucional de la Republica” que consta en el articulo 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, pretendió ser fundamentado -de forma grosera y fraudulenta por los golpistas hondureños- en el articulo 242 de la Constitución hondureña, que establece: “(...) si la falta (del territorio nacional) del Presidente fuera absoluta, el Vicepresidente ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo por el tiempo que la falte para terminar el periodo constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto el Vicepresidente de la republica, el poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional” quien en ese momento era Roberto Micheletti.

Tras la perpetración del Golpe de Estado en la mañana del día 28 de junio, el Vicepresidente hondureño, Don Arístides Mejia, fue omitido en el supuesto proceso de sucesión constitucional realizado por el Congreso Nacional de Honduras.

Igualmente, el artículo 242 de la Constitución prevé que para el caso de que el Presidente del Congreso se viere obligado a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo por ausencia del Presidente y Vicepresidente, dicho desempeño será simultáneo al de la Presidencia del Congreso Nacional y siempre en calidad de tal Presidente del Congreso.

Roberto Michelleti, proclamado ilegalmente presidente de Honduras, nunca ha cesado formalmente como Presidente del Congreso Nacional, lo que no ha obstado a que el régimen golpista, mediante Decreto nº 142-2009 del Poder Legislativo (La Gaceta 1 de julio de 2009) eligiera nuevo Presidente del Congreso Nacional a José Alfredo Saavedra Paz, nuevamente en flagrante violación de la constitución hondureña, que establece el simultaneo desempeño de la Presidencia de la Asamblea Nacional y de la republica para el supuesto de vacancia de la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica.

Se observa claramente a lo largo de esta exposición jurídica, como los golpistas hondureños, con la excusa de que el Presidente Zelaya había vulnerado la Constitución Nacional a consecuencia de su intención de celebrar una Encuesta Nacional de Opinión, han venido sistemáticamente vulnerando no solamente las normas constitucionales, sino también muchas otras normas legales vigentes, todo ello con la burda y grosera intencionalidad de procurar disfrazar como supuesta “sucesión constitucional” lo que no ha sido otra cosa que un golpe de estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño.

* Incongruencia judicial extra petita: se produce cuando el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal manera, que aun desenvolviéndose con arreglo a las normas jurídicas y constitucionales, en cuanto que su resultado no se ajusta al objeto del proceso (causa petendi), implicará una efectiva denegación de la tutela, puesto que con ello se impide a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudarse el principio de contradicción

Enrique Santiago Romero

Rebelion

Abogado. España

Miembro Mision Internacional de Observacion de la Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Honduras 17 al 25 julio 2009.

Entrevista con el Comandante Alfonso Cano de las FARC-EP

CAMBIO: Después de que el presidente Uribe suspendió la mediación del presidente Chávez en la liberación de secuestrados, ¿las Farc han seguido teniendo contactos con el Gobierno venezolano? 'ALFONSO CANO': No. Retirado el presidente Chávez como facilitador de ese proceso, cesaron nuestras conversaciones pero nuestra admiración por los objetivos bolivarianos del Gobierno venezolano es la misma de siempre y nuestra gratitud por sus esfuerzos en pro de un acuerdo humanitario será perenne. ¿Reconoce que el gobierno Uribe aisló a las Farc en el plano internacional? Mientras se desarrollaron los diálogos del Caguán ampliamos las relaciones con gobiernos y organizaciones en los diferentes continentes. Rotos los diálogos, el gobierno Pastrana y la Casa Blanca desataron una ofensiva diplomática contra las Farc que, obviamente, generó modificaciones en las formas de relacionarnos con la comunidad internacional. Pero mantenemos relaciones en todo el mundo, sujetas a la discreción que se debe. La sensación es que las Farc han perdido interlocución internacional, que ya no son tan fuertes en ese campo. No podría precisarle qué tan fuertes somos en ese campo porque es una apreciación subjetiva, pero le reitero que en las nuevas condiciones de la diplomacia del siglo XXI mantenemos muy buenas relaciones en muchas partes del mundo. ¿Qué significan Venezuela y Ecuador dentro de su estrategia política? El sueño bolivariano de una patria grande que integre a todos los pueblos de América Latina y el Caribe, que desate su enorme potencial de manera soberana y nos posicione ante el mundo como la gran nación que debemos ser. ¿Qué efectos tuvo la muerte de 'Reyes' para los vínculos externos de las Farc? 'Raúl' era el responsable de las relaciones internacionales de las Farc y obviamente su muerte tuvo un impacto importante en ese nivel, pero dado que en las Farc todos los trabajos de dirección se analizan, planifican y desarrollan en equipo, pudimos recobrar el ritmo. Hoy, la responsabilidad de darle la dinámica adecuada a las necesidades del momento es del comandante 'Iván Márquez'. La incautación de los computadores de 'Raúl Reyes' los dejó al descubierto, prácticamente sin secretos. Con los supuestos computadores de 'Raúl', lo que se ha presentado es una burda manipulación propagandística de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: como cortina de humo o para subir puntos en alguna encuesta, o para difundir públicas sospechas sobre algún presidente de algún país vecino cada vez que lo consideran necesario. La rectitud de muchas figuras públicas ha sido sometida al escarnio y a la lapidación. Nada de lo atribuido a los computadores ha sido serio y lo poco que ha pasado por el rigor de la Justicia ha sido desechado por inconsistente. Los correos entre el Secretariado encontrados en esos computadores indican que las Farc tienen negocios de narcotráfico y de armas e inversiones en Venezuela. Los computadores supuestamente encontrados tienen lo que los gobiernos de Bogotá y Washington han querido que contengan. Han hecho de ellos una lámpara de Aladino a la que acuden cuando necesitan una disculpa o una justificación. Los han transformado en arietes contra los pueblos vecinos, al convertir las 'filtraciones' ordenadas desde la Presidencia en puntal de la diplomacia colombiana y, en muchas ocasiones, de la política interna, sin que nadie pueda dar fe de la veracidad de la información que difunden venenosamente. También hay comunicaciones entre miembros de las Farc con personas del gabinete del presidente de Brasil 'Lula' da Silva. ¿Cuál es la relación con ese gobierno? En época del proceso del Caguán participaron de diferentes formas muchos gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional. Lo demás son especulaciones irresponsables. ¿Cuánto fue realmente el aporte económico de las Farc a la campaña de Rafael Correa al que 'el Mono Jojoy' se refiere en un video conocido hace pocos días? No hemos entregado ni armas ni dinero a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la campaña electoral de una persona, como el actual presidente Rafael Correa al que ni siquiera conocemos? ¿Cómo terminaron en poder de las Farc unos lanzacohetes que Suecia le vendió al Gobierno de Venezuela y que el Ejército colombiano incautó en octubre de 2008? Uribe acudió al terror mediático para insinuar que el Gobierno de Venezuela nos facilitó unos lanzacohetes que habíamos capturado hace mucho en un enfrentamiento militar en la frontera, hecho que fue ampliamente informado a la opinión en su momento. Ni los pueblos ni los gobiernos del mundo son tan tontos como piensan en el Pentágono y en la Casa de Nariño. Sencillamente se trata de cocinar las condiciones para justificar la entrega de la soberanía nacional de Colombia a Washington, reconociendo que le quedó grande la pelea contra las Farc. ¿Qué significó para las Farc la muerte de 'Manuel Marulanda'? La ausencia de nuestro líder y guía, de nuestro referente fundamental y nuestro eje. Pero también del maestro que nos inculcó la irrevocable decisión de perdurar en el esfuerzo que él comenzó en compañía de Jacobo y sus compañeros de Marquetalia. Nos enseñó, como en la poesía de Neruda, que el mundo no termina en nosotros mismos. ¿Y el asesinato de 'Iván Ríos' a manos de un subalterno? Eso fue interpretado como una señal de la crisis y de la descomposición que viven las Farc. Es un hecho sobrecogedor pero absolutamente aislado de un demente ambicioso, captado por los servicios de inteligencia del Estado, que fue capaz de asesinar tan cobardemente a un revolucionario de las altas calidades de 'Iván' y luego proceder con la sevicia que conoció el mundo entero. Hay razones para deducir que las Farc tienen graves problemas internos: con ayuda de sus carceleros se han escapado secuestrados, el número de deserciones aumenta, los combatientes que han desertado dicen que la moral de la tropa es baja... Una organización con baja moral no está en condiciones de mantener una permanente actividad militar como la que informamos a través de los partes de guerra. El Gobierno trata de crear un estado psicológico triunfalista, pero de tanto mentir al final se va a transformar en un bumerán. Desertores ha habido siempre, las llamadas desmovilizaciones son una gran estafa sustentada en bazofia recogida en poblados y cárceles para agrandar los listados, desviar recursos públicos y engañar a la opinión. No tenemos graves problemas internos, no hay crisis. La ofensiva del gobierno Uribe los ha obligado a replegarse, eso no lo puede negar. La realidad es que enfrentamos la más grande ofensiva contrainsurgente jamás desatada en Latinoamérica que en solo dineros del Plan Colombia ha recibido de Washington 10.000 millones de dólares de ayuda, con una fuerza pública comprometida en la guerra cercana a los 500.000 hombres y un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares. Eso es lo real, lo concreto. Si la situación de las Farc fuese de crisis, el Presidente no habría invitado a los gringos a escalar su invasión. No lo consideraría necesario. ¿Los golpes que recibieron las Farc el año pasado cómo han afectado sus planes? De fondo, ninguno. Hicimos los ajustes necesarios en nuestras estructuras y así lo informamos a la opinión pública, y reajustamos algunos planes de cumplimiento inmediato. Nada más. Las vicisitudes propias de una lucha como la que adelantamos han sido superadas y mantenemos el interés de privilegiar temas como el canje, acuerdos humanitarios, solución política del conflicto, Asamblea Constituyente y otros asuntos vitales para Colombia, así como el trabajo con los sectores populares y en el movimiento de masas. ¿Qué significó para el Secretariado la 'Operación Jaque'? Un hecho de la guerra como tantos otros y de especial impacto. Un golpe de mano posible gracias a una traición y a la dirección de estadounidenses e israelíes que participaron de su planeación, ejecución y utilización política. Lo asimilamos, pero un golpe no afecta la estrategia ni los lineamientos de las Farc. ¿Qué tan ciertas son las discrepancias y rivalidades entre usted y 'el Mono Jojoy'? Desde siempre, la propaganda enemiga ha pretendido sembrar cizaña en el interior de las Farc. Nuestra unidad es monolítica. ¿Es consciente de que la lucha armada no tiene aceptación, del rechazo generalizado a las Farc y a prácticas tan atroces como el secuestro? Déjeme hacerle dos razonamientos: quienes hacemos parte de las Farc soñamos con la paz, la anhelamos con intensidad, la queremos conocer porque desde que nacimos el país está en guerra. Nosotros no amamos la guerra, nos obligaron a armarnos. Y otra consideración: la nueva actitud de Estados Unidos hacia América Latina, reflejada en Honduras y en los anunciados acuerdos con Álvaro Uribe, van a generar reacciones muy radicales en el Continente. ¿El reconocimiento del estatus de beligerancia ya se convirtió para ustedes en un asunto accesorio? No, por ningún motivo. Menos ahora que Washington califica y descalifica a su antojo y traza la pauta a los otros ejes del poder mundial, sobre a quién o a quiénes se debe satanizar. La brega por el reconocimiento como organización político-militar, con una propuesta de Estado sostenida en una visión revolucionaria de la sociedad continúa siendo vital para el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Qué ha pasado con el cabo Pablo Moncayo? ¿Por qué no lo liberan a él y a los uniformados que siguen secuestrados en forma unilateral y sin condiciones? Sería una señal positiva. Hace tres meses informamos nuestra decisión de liberarlo unilateralmente, pero el Gobierno se atravesó y ha impedido su liberación. Y en cuanto a los mandos militares y policiales capturados en la confrontación, que son prisioneros de guerra, solo serán liberados mediante un canje. Excepcionalmente, y como evidencia de nuestra voluntad por alcanzar acuerdos, entregaremos al cabo Moncayo y al soldado profesional Calvo (Josué Daniel Calvo Sánchez), sin contraprestación alguna, directamente a la senadora Piedad Córdoba y al profesor Gustavo Moncayo, quienes por su transparencia blindarán nuestro gesto. ¿Cuántos secuestrados quedan en poder de las Farc entre militares, policías y civiles? Los mencionados prisioneros de guerra integrantes de la Fuerza Pública son 23. También están retenidos dos concejales, con posibles vínculos con paramilitares y responsabilidad en actos de corrupción. Y en cuanto a retenciones con fines económicos, puedo decirle que hoy se cuentan con los dedos de una mano. ¿Por qué no incluyen en las liberaciones a secuestrados por razones económicas? El canje y las acciones complementarias están referidas a los prisioneros de guerra. ¿Por qué las Farc no abandonan el secuestro? En toda confrontación militar hay muertos, heridos y detención de combatientes. Mientras esta perdure habrá prisioneros de guerra así el Gobierno se empeñe en llamarlos tercamente secuestrados. ¿Es consciente del costo político que les significa el secuestro a las Farc? Esta forma de lucha conlleva necesidades, como las financieras, que tratamos de cubrir con colaboraciones voluntarias de amigos e impuestos a los sectores más ricos de la sociedad. ¿El canje es una prioridad para las Farc? Para este Gobierno los prisioneros de guerra que mantenemos no clasifican en los estratos altos, ni generan efectos importantes en las encuestas y por eso el Presidente se da la licencia de impedir las liberaciones que hemos anunciado. ¿Hay alguna posibilidad de negociación ó diálogo con el gobierno Uribe? Una salida civilizada al conflicto no puede depender de la voluntad de una persona, por poderosa que sea. Así que, independiente de quién ocupe la Presidencia, persistiremos en buscar salidas políticas al conflicto. ¿Tiene una fórmula sustituta a un despeje para eventuales diálogos? Lo determinante son las garantías oficiales para un encuentro del Gobierno y las Farc que despojen de cualquier peligro y tensión a los participantes, y posibiliten las mejores condiciones para las conversaciones. ¿Por qué persistir en la guerra? Siempre hemos pensado que nadie que ame realmente la patria puede desearle ese destino, y por eso cada vez que ha sido factible hemos conversado con los representantes del Estado en busca de construir acuerdos que lleven a la convivencia. No ha sido posible pero esto no nos lleva a desistir de tal empeño. Hay que hablar, dialogar y ello significa espacio, garantías, medio ambiente, grandeza, tolerancia, voluntad y decisión. ¿El regreso de 'Simón Trinidad' y de 'Sonia' de Estados Unidos seguiría siendo una condición para el intercambio humanitario, para el diálogo? Hemos exigido garantías de modo, tiempo y lugar para que representantes del Gobierno y los nuestros analicen la viabilidad y los términos de un canje. Lo demás son especulaciones. ¿Hay algún tipo de contacto con el Gobierno? Ninguno. Ni siquiera permiten recibir al cabo Moncayo. ¿Qué significaría una posible reelección del Presidente en el horizonte de una eventual negociación? Lo esencial son las concepciones políticas y los intereses que represente la persona que asuma en el próximo periodo. Si sus convicciones están inundadas de violencia, guerra, vindicta y autoritarismo, la confrontación persistirá y seguramente alcanzará nuevos niveles. Si existe una visión democrática, civilizada, patriótica y realista, la perspectiva será alentadora para Colombia. ¿En caso de que algún día se llegara a un acuerdo de paz, usted y otros miembros del Secretariado se verían aspirando a cargos de elección popular o como miembros de una Asamblea Constituyente? ¿Nosotros luchando toda la vida para al final integrarnos a un régimen político como el actual? Miremos el poder legislativo: más de 80 reos paramilitares, varios más ladrones, parlamentarios en ejercicio elegidos con menos de 1.000 votos, Teodolindos a granel, genuflexiones a cambio de notarías, trasteo de votos, de partidos... ¿Por qué las Farc nunca le han concedido algún valor a la desmovilización de los paramilitares y al proceso de Justicia y Paz? Porque fue una farsa. Los verdaderos jefes del paramilitarismo permanecieron ocultos, lavaron los dólares del narcotráfico, se quedaron con las tierras usurpadas, no repararon a nadie y terminaron copando el aparato del Estado. En las cárceles de Colombia y los Estados Unidos quedaron presos los bandidos más ingenuos que creyeron en sus jefes. ¿Cree que la Corte Penal Internacional terminará juzgando los crímenes de guerra cometidos en desarrollo del conflicto colombiano? Es una verdadera espada de Damocles que pende sobre el país, que al activarse con todos sus protocolos internacionalizará, no solo el conflicto, sino muchos aspectos de la vida nacional. Parece que el Presidente, siempre tan previsivo, estrecha lazos con Washington, buscando burladeros en caso de que le falle su macabro plan de reelección indefinida.

UNIDAD Numero 903 (Organo del CC del PCB)

Camaradas, compañeros : Ya salio la edicion número 903 de Unidad, órgano de prensa del Comité Central del Partido Comunista de Bolivia.
EN Cochabamba lo pueden encontrar en los puestos de la plaza (acera norte), en la plaza colón y en el puesto de la Universidad (UMSS) a solo 2 Bs.
UNIDAD Numero 903
- Patria es revolución, revolución es patria (editorial)
- Por un aniversario patrio verazmente liberador
- La variante de la verguenza (Marcos Domich)
- Neoliberalismo "progre" o la función de las ONG´s en America Latina
-Aplastar la conspiración y ganar las elecciones
- Acerca de los sindicatos
- Elementos que participan en la producción )Economía polìtica
- Reflexiones sobre las autonomías indígenas (Ana Flores)

Neoliberalismo "progre" o la función de las ONG's en América Latina

Erasmo Magoulas REBELION

En mi análisis crítico a las ONG no incluyo a todas en términos absolutos, todos sabemos que las ciencias sociales son normativas en cuanto a su conducta y aproximativas en cuanto a su trabajo epistemológico.

No quiero que ningún desprevenido salte diciendo “¡Ah no, pero mi ONG no es así!”. Lo que trato de plantear es un perfil político-ideológico de la mayoría de las ONG, de su ontología ideológica, de su matriz interpretativa de la realidad de los países dependientes, de su lenguaje “progre” pero que evade categorías “conflictivas” como clase e imperialismo (por nombrar sólo dos), de su imaginario de “justicia social”, y de su interpretación de “causas justas”.

Mi análisis tampoco es un ataque a los “cooperantes” y técnicos “sobre el terreno” de estas ONG, que han conseguido un trabajo con su esfuerzo personal, en estos duros tiempos de prescindibilidad y tercerización laboral.

Muchos creen honestamente en lo que hacen y creen que lo que hacen es lo que se debe hacer en los países del llamado Tercer Mundo, para sacarlos del atraso y la pobreza. Sus formaciones académicas en el funcionalismo, el institucionalismo, el neoestructuralismo y en el posibilismo de la tercera vía giddensiana (Anthony Giddens) les da las herramientas para interpretar nuestras realidades mediante el “discurso único” que no es el mismo de la Agenda de Washington, pero es igual (como diría un trovador cubano). Las ONG en América Latina no sólo infiltran ideológicamente a los sectores populares (penetración desde abajo y adentro) con los cuales trabajan directamente en proyectos de “auto ayuda” y “desarrollo microempresarial”, en escuelas, barrios, cooperativas, comunidades marginales, áreas rurales, fábricas etc., sino que también infiltran ideológicamente a los “cuadros” de organizaciones y a las mismas organizaciones, potencialmente calificadas para vigorizar al movimiento popular, darle formación político-ideológica y ser promotoras y acompañantes del cambio político-social.

Esto se hace palmariamente evidente cuando alguien plantea una subjetividad diferente a la del oenegeismo, cuando alguien recurre a categorías de análisis distintas, cuando alguien defiende modelos de procesos históricos en donde las ONG no han tenido ninguna participación. El asombro, la perplejidad y después el sarcasmo brota inmediatamente desde los técnicos y “cooperantes” internacionales de las ONG y de sus asociados ideológicos de los organismos vernáculos.

En el caso particular de Honduras y en los hechos que se desencadenan a partir del 28 de junio, hay actores de primera línea que han sido expuestos desde el mismo inicio por estudiosos de la talla de James Petras y Eva Golinger, por nombrar sólo dos. El avance relativo, en la correlación de fuerzas político-sociales, de los sectores populares y del movimiento social (a pesar de su pobre estructuración y organicidad) a través de un objetivo común, como lo fue la llamada por el presidente Manuel Zelaya a una consulta popular, hizo que la burguesía retardataria y parásita hondureña sintiera una pérdida sustancial de su hegemonía política.

No fueron suficiente los medios de información (en su absoluta mayoría y de los de mayor penetración en manos de la burguesía), todos sus aparatos ideológicos del Estado, sus estructuras religiosas de dominación y adoctrinamiento, para frenar lo que se veía venir, un rotundo triunfo por el “Sí” a la “Cuarta Urna” de fines de noviembre. La burguesía tuvo que recurrir a sus “aparatos de represión del Estado”. Pero este entramado de la realidad socio-política hondureña no estaría completo sin un componente, que en el caso de éste país centroamericano es esencial, la presencia del imperialismo usamericano.

¿Y si en la potencial Asamblea Constituyente se planteaba la ilegitimidad de la Base Militar de Palmerola? El poderío militar usamericano en la región centroamericana podría haber tenido la misma suerte que la Base de Manta en el Ecuador, cuyos días parecen contados. ¿Hasta donde se pueden estirar las “nuevas” concepciones democráticas de la “nueva” administración de la Casa Blanca? Aún dándole el beneficio de la duda a la administración de Obama, hay y tiene un peso especifico de relevancia en lo político-ideológico, el acumulado histórico de dominación por parte del Imperio, y del servilismo y satelitismo de las clases dominantes de Honduras. Un enclave militar usamericano que lleva décadas de funcionamiento policial en la región. Con un historial de terrorismo de Estado global difícil de igualar. Un imaginario político por parte de la dirigencia política hondureña que no ha volado más allá de ser un apéndice de los ideólogos del Departamento de Estado. Un desarrollo político ideológico de los sectores populares embrionario a resultas de lo anterior y de la suma de políticas anti-estatales y de fidelidad absoluta a la religiosidad de Hayek, Friedman y Popper (los sumos sacerdotes del “libre mercado”) y consecuentemente al desmantelamiento del Estado, como regulador y promotor de un mínimo marco de equidad para todos. Una cultura subordinada, pacata y ligada íntimamente al fenómeno de la imagen pueril consumista, ha llevado a grandes sectores del pueblo a no leer absolutamente nada y a altos índices de analfabetismo funcional. Políticas educacionales cada vez más empobrecidas son los cimientos endebles en los cuales fácilmente puede imperar el retraso político-ideológico, modelo en el que puede desarrollarse con facilidad un proyecto de dominación.

El mismo trovador cubano lo dijo magistralmente en una canción: ...”al Águila le duele que el niño vaya sano a la escuela, por que de esa manera de justicia y cariño, no se afila su espuela”. Pero si los actores protagónicos del contraataque neoliberal en Nuestra América son el aparato industrial-militar del imperio, el sistema financiero FMI-BM, el aparato mediático transnacional, el aparato corporativo en busca de recursos naturales y humanos, las burguesías apátridas vernáculas y sectores de los Ejércitos nacionales como fuerzas de ocupación y la transnacional del narcotráfico dirigida desde Usamérica; también existe una red organizativa que trabaja desde abajo en el adormecimiento de conciencias y en la compra de voluntades, las ONG.

Veamos este caso de penetración neoliberal con mayor detalle:

•En la década de los `80s el Consenso de Washington (Paquete de “Reformas Estructurales”) polariza las sociedades periféricas dependientes y provoca en ellas descontento social a gran escala. Los casos paradigmáticos podrían ser el de Argentina y Chile, como países emblemáticos en el seguimiento de las medidas de “libre mercado”, pero la epidemia inducida se repite a lo largo del subcontinente. El descontento social lleva a la organización de movimientos populares de carácter clasista.

•Los países promotores y beneficiarios de los paquetes y políticas neoliberales, Usamérica y países Europeos comienzan a financiar y promover una estrategia “paralela desde abajo”*. Con los gobiernos “democráticos”, “democracias limitadas” o “neo-autoritarismos” no se podía emplear los procedimientos de “choque social” (centros clandestinos de detención y desaparición, torturas, eliminación masiva de oponentes políticos) que se llevaron a cabo durante las dictaduras militares de los 70’s.

•Estas organizaciones de “base” debían enarbolar una lucha sin cuartel expresa o enmascarada (dependiendo de las diferentes coyunturas políticas de la región) hacia toda idea de intervención del Estado. En síntesis estas organizaciones de “base” debían llevar las ideas del neoliberalismo (Hayek y Friedaman) desde los centros y superestructuras hacia las áreas conflictivas, barrios, comunidades, asentamientos urbanos y rurales pobres. La ideología antiestatista*, debía ser el motor de intervención dentro de las clases conflictivas.

Esto producirá un “colchón social”*, despresionará el descontento de las mayorías populares y desarticulará el movimiento social y popular de clase.

Otro factor histórico ayudaría a la confusión del carácter político de las ONG por parte de muchos sectores del campo popular y antiimperialista, es el papel desempañado por algunas ONG en defensa de los DD.HH. durante las sangrientas dictaduras del Plan Cóndor en la década de los 70s, así como también los años de represión con grado de genocidio y etnocidio en Centroamérica.

Este período creó una imagen favorable de las ONG. Incluso dentro de la izquierda eran vistas como formando parte del “campo progresista”.

Pero aún es esa etapa histórica sus limitaciones y contradicciones se hicieron evidentes a tal grado que no se las puede de ninguna forma incluir como organizaciones pertenecientes al campo popular y antiimperialista, por ejemplo:

•Denunciar las violaciones de DD. HH. sin denunciar a los EEUU y Europa*.

•Desvinculación de políticas económicas neoliberales y las violaciones de los DD. HH.

•Denuncias de las violaciones de los DD.HH. como actos de insanía y “barbarie” por parte de las fuerzas militares, descontextualizando el hecho con el proceso histórico y de clase. Reafirmación de concepciones colonialistas: “superioridad moral” del centro, primitivismo de la periferia, civilización desde el centro (Europa y Usamérica) barbarie desde la periferia.

Como lo planteamos anteriormente hay una convergencia ideológica clave entre las ONG y los organismos de Bretton-Woods (BM, FMI): su compartida oposición al “estatismo”. Mientras las ONG lo atacan desde un análisis de “izquierda” defendiendo a la “sociedad civil” del monstruo del Estado. Descargan contra el Estado todos los males imaginables; alejado de los intereses de la “gente”, ente limitador de las libertades civiles, autónomo y descontrolado, arbitrario, ineficiente, etc.

La Agenda de Washington lo ataca desde la derecha en defensa del “libre mercado”. La ética del mercado es la única ética posible y la libertad del mercado implica la libertad del hombre. El Estado es el gran enemigo de la libertad del hombre. Según los teóricos de la Agenda de Washington el desarrollo de la democracia depende del desarrollo del libre mercado y por consiguiente del desmantelamiento del Estado.

En resumen, mediante las ONG financiadas y patrocinadas por los países y organismos centrales del neoliberalismo se ataca al Estado haciendo incidencia ideológica sobre los sectores conflictivos que sufren las medidas de choque económico del “paquete de reformas estructurales”.

Tanto el Banco Mundial como el FMI, las Fundaciones occidentales, los partidos políticos neoliberales de Europa y los Estados Unidos (que son todos), las organizaciones de incidencia política y de eterna reformulación y “rejuvenecimiento” del capitalismo llamadas “Think Tanks”, los clubes de los super-archi ricos y los medios corporativos, financian a estas organizaciones de incidencia neoliberal desde abajo.

Mientras el Consenso de Washington aplicaba su receta neoliberal a los países del Tercer Mundo y desmantelaba el tejido económico, social y político que sólo puede proveer un Estado consolidado y que responda a los intereses mayoritarios; mediante las privatizaciones, el pago de la deuda fraudulenta, la desregulación laboral, el desmantelamiento de la seguridad social o su privatización, la pulverización del aparato sindical clasista, la apertura de los mercados y su consiguiente destrucción de la pequeña y mediana empresa nacional local, las políticas de ajuste fiscal y su recorte al gasto público básico; alientan y financian la formación de ONG que suministran servicios sociales (analgésicos a un paciente que sufre de envenenamiento) para compensar a las víctimas por los efectos de su mismo veneno. Las ONG vienen con sus proyectos de auto-ayuda, infiltrando la ideología neoliberal en la base, su “educación popular” se orienta a la enseñanza de valores de competencia e individualismo, de esa manera mina al movimiento popular clasista, capta líderes potenciales de las OP minando su conciencia de clase.

Mediante su trabajo en el “terreno” y dentro de las comunidades afectadas por las medidas de la Agenda de Washington las ONG se convirtieron en la “cara comunitaria”* (estrategia desde abajo) del neoliberalismo, creando confusión en parte del movimiento social. Mediante esta “cara” las ONG tratan de mostrar una desvinculación del proyecto neoliberal.

Inclusive dentro de algunos sectores de la izquierda se analiza al neoliberalismo exclusivamente desde sus componentes externos y superiores (desde afuera y arriba) = FMI, BM, Transnacionales, aparato militar-industrial y no desde sus componentes internos e inferiores, de base (internos y de abajo) = ONG.*

Neoliberalismo ---> Arriba y Afuera ---> FMI, BM

Neoliberalismo ---> Abajo y Adentro ---> ONGs - Microempresas

La “actividad local” emblema de acción de las ONG es una trampa ideológica, pues desarticula al movimiento popular mediante paradigmas falsos como el del “no poder” y también mediante la competitividad por recursos financieros.

El énfasis en la “actividad local” trabaja paralelamente con el proyecto neoliberal, pues le permite a los regimenes neoliberales y a las entidades financieras internacionales dominar la política socio-económica macro y canalizar la mayoría de los recursos del Estado como subsidios al capital exportador y al pago de la deuda externa. Se ajusta el gasto fiscal, menos recursos para salud, educación y viviendas populares y mas recursos para el pago de la deuda externa, las operaciones comerciales transnacionales, etc. *

Los regímenes neoliberales se apropian de los resortes jurídico-políticos del Estado, transforman su legislación para hacer más eficiente la transferencia de recursos desde este a las multinacionales, la burguesía exportadora y financiera y para el pago de la deuda externa.

Mientras: a) Los regímenes neoliberales transfieren mediante las privatizaciones, recursos y propiedades del Estado a las transnacionales y a las burguesías vernáculas dependientes. b) Desmantelan el aparato sindical clasista. c) Desrregulan los precios de la canasta familiar. D) Hacen retroceder 30 o 40 años las conquistas de la clase trabajadora. E) Abren sus mercados a las importaciones, mientras se cierran los mercados centrales a nuestros productos con valor agregado. F) Se recurre a diferentes dosis de represión política, mediante los aparatos de represión del Estado, en forma de asesinatos selectivos, limpieza social, “lucha contra el crimen”, “tolerancia cero”, etc...

Las ONG no forman parte de la resistencia sindical, ni de las luchas barriales, ni de las organizaciones campesinas clasistas, ni de los sectores del pensamiento y la intelectualidad orgánica a un proyecto nacional, popular y antiimperialista.

Por el contrario, concentran su actividad en proyectos privados locales, promocionando el discurso de la empresa privada en las comunidades locales a través de los micro- emprendimientos.

Las ONG construyen puentes ideológicos (imaginario) entre los “capitalistas” de pequeña escala y las grandes corporaciones que son beneficiadas con las medidas neoliberales. Recrean en los sectores populares el paradigma algeriano (Horatio Alger) que dentro del capitalismo y con él es posible el progreso y el ascenso social, en tanto y en cuanto se trabaje muy duro.

El trabajo de las ONG se encamina en la destrucción del Estado y de su papel de servicio público, de generador de riquezas, de factor estructurante de país y nación, de motor del desarrollo de un modelo científico-técnico encaminado a resolver la problemática nacional y de las grandes mayorías, de elemento coadyuvante al desarrollo nacional y de regulador de la distribución equitativa de la riqueza generada. Perpetúa el estigma generado desde los medios corporativos de información de que el Estado limita la libertad individual de los ciudadanos, coarta el espíritu emprendedor del individuo, es ineficiente en su monstruosidad y su burocratismo. Por otro lado las ONG enarbolan su lucha en beneficio de una abstracción como lo es la “sociedad civil”, concepto que esta preñado de una gran dosis de pseudo-análisis sociológico anti-dialéctico y antihistórico.

*”América Latina: De la Globalización a la Revolución” James Petras

Las funciones de las ONG:

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Stalin, História e crítica de uma lenda negra – Um livro de Domenico Losurdo

por Miguel Urbano Rodrigues
Há meses que me sento diante do computador para escrever este artigo. Mas o projecto foi adiado dia após dia. Quando Domenico Losurdo me ofereceu Stalin – Storia e critica de una leggenda nera, [*] já lera criticas sobre a obra. Mas não a imaginava. Qualquer texto sobre pessoas que deixaram marcas profundas na história, quando escrito sem o suficiente distanciamento temporal, cria sempre grandes problemas ao autor. Vivi essa situação este ano ao publicar um desambicioso artigo – Apontamentos sobre Trotsky – O mito e a realidade . Em Portugal, alguns camaradas que admiro acusaram-me de trotskista; no Brasil, onde o artigo, mais divulgado, desencadeou polémicas, professores das Universidades de Campinas e do Rio Grande do Sul dedicaram-me trabalhos académicos, definindo-me como stalinista ortodoxo. Domenico Losurdo aborda no seu Stalin aspectos muito polémicos da intervenção na História do homem que na prática dirigiu a União Soviética durante quase três décadas. Não conheço obra comparável pela ausência de paixão e pela densidade e profundidade da reflexão sobre o tema. Stalin foi um revolucionário que liderou a luta épica da União Soviética contra a barbárie nazi. Por si só esse combate em defesa do seu povo e da humanidade garante-lhe um lugar no panteão da História. Sinto, contudo, a necessidade de acrescentar que nunca senti atracção por Stalin. Não admiro o homem. A sua personalidade aparece-me inseparável de actos e comportamentos sociais que reprovo e repudio. A contradição não me impede de escrever este artigo, estimula-me a assumir o desafio. A DEMONIZAÇÃO DE STALIN A demonização de Stalin principiou nos anos 20, adquiriu proporções mundiais com o XX Congresso do PCUS, foi retomada durante a Perestroika e prosseguiu após o desaparecimento da União Soviética, embora com características diferentes. Ao proclamar "o fim do comunismo", a intelligentsia burguesa, empenhada em demonstrar a inviabilidade do socialismo, diversificou a ofensiva, atribuindo a Marx, Engels e Lenine grandes responsabilidades pelo "fracasso inevitável da utopia socialista". Stalin foi sobretudo visado como criador e executor de uma técnica de governação ditatorial, monstruosa. A palavra stalinismo entrou no léxico político como sinónimo de um sistema de poder absoluto que teria negado o marxismo ao impor "o socialismo real" mediante métodos criminosos. Não são apenas académicos anticomunistas que satanizam Stalin. Dirigentes de partidos comunistas e historiadores marxistas, alguns de prestígio mundial, emprestaram credibilidade à condenação sem apelo de Stalin. Eric Hobsbawm, o grande historiador britânico que foi, na juventude, membro do Partido Comunista inglês, esboça no seu livro A Era dos Extremos - Breve História do Século XX um retrato totalmente negativo do estadista que anos antes fora por ele elogiado como revolucionário merecedor da admiração da humanidade. O peso do anátema é tão forte que a Fundação Rosa Luxemburgo atribuiu em Janeiro passado um prémio ao historiador alemão Christoph Junke pelo seu livro Der lange Schatten des Stalinismus, uma catilinária impiedosa sobre um "fenómeno histórico" que é também "uma teoria e uma prática política" que exorciza. DA ESPERANÇA À REALIDADE Sobre Stalin e a sua época foram escritos centenas de livros. Dos que li nenhum me impressionou tanto como este. A esmagadora maioria condena o homem e a obra; uma minoria de incondicionais faz a apologia do dirigente comunista e defende sem restrições a sua intervenção na história. Um abismo separa os críticos como o polaco Isaac Deutscher (trotskista) dos epígonos como o belga Ludo Martens (maoista), dois autores cujos livros foram publicados em português, no Brasil. Losurdo, filósofo e historiador, ao iluminar uma época e o homem que foi o timoneiro da URSS durante quase trinta anos encaminha o leitor para uma reflexão complexa, inesperada e difícil. Não assume o papel de juiz. O conhecimento profundo da história da Revolução Russa e das lutas que lhe marcaram o rumo após a morte de Lenine permitiram-lhe situar Stalin nesse vendaval sob uma perspectiva inovadora. Procura, como filósofo, compreender. Não absolve nem condena. Acompanhando a trajectória de Stalin pela mão de Losurdo, o leitor é levado a conclusões incompatíveis com a lenda negra criada em torno da personagem. Mas Losurdo não reescreve a história, não tenta interpretá-la. Como investigador, fixa a atenção em períodos decisivos, procede a uma selecção de factos e acontecimentos e situa Stalin nos cenários em que actuou. Quase todas as revoluções devoram os seus filhos. A que se impôs em Outubro de 1917 não foi excepção à regra. Mas quando ela triunfou eram inimagináveis as crises e conflitos que desembocaram na execução da maioria das personagens mais brilhantes da grande geração de bolcheviques que se propunha a construir o socialismo na Rússia atrasada e famélica. O tempo era de esperança. Ao encerrar o I Congresso da Internacional Comunista, Lenine, sintetizou a sua confiança no futuro numa frase: "A vitória da revolução comunista em todo o mundo está assegurada. Aproxima-se a fundação da Republica soviética internacional". A previsão foi rapidamente desmentida pela História. O dissipar das ilusões e a sua superação quase coincidiram com a doença e a morte de Lenine. Após a derrota da revolução alemã, o autor de "O Estado e a Revolução" teve a percepção de que o capitalismo iria sobreviver por muito tempo e que era necessário defender a todo o custo a jovem revolução russa. Trotsky não acreditava na viabilidade do "socialismo num só pais" e, desaparecido Lenine, acusou de cobardia e oportunismo quantos tinham renunciado à ideia da revolução mundial. Losurdo lembra que Stalin foi o primeiro dirigente soviético a afirmar que por um longo período histórico a humanidade continuaria dividida não somente em diferentes sistemas sociais, mas também em diferentes identidades linguísticas, culturais e nacionais. Enquanto Trotsky dirigia ainda apelos à insurreição ao proletariado da Finlândia, da Polónia, das repúblicas bálticas, e das grandes potencias capitalistas, Stalin criticava as teses sobre a exportação da revolução. Na sua opinião, a correlação de forças na Europa justificava a defesa do princípio da coexistência pacífica entre países com diferentes sistemas sociais. Numa época em que muitos comunistas continuavam a sonhar com "o ascetismo universal", Stalin lembrava que o marxismo é inimigo do igualitarismo e insistia num ponto central: "seria estúpido pensar que o socialismo pode ser construído com base na miséria e em privações, com base na redução das necessidades pessoais e na queda do padrão de vida dos homens ao nível dos pobres". Nos capítulos em que estuda as divergências de fundo que opuseram Trotsky e Stalin, Domenico Losurdo abstém-se mais uma vez de críticas e elogios. Situa o choque no grande painel da URSS post Lenine, e resume as posições de ambos, recorrendo a múltiplas citações. São particularmente interessantes as páginas em que são confrontadas as posições de Trotsky e Stalin sobre os temas da organização jurídica da sociedade, da família, da propriedade e sobretudo do Estado. A questão central da extinção do Estado, prevista por Marx, e exaustivamente analisada por Lenine, antes e depois da tomada do poder, merece-lhe uma atenção especial. Às críticas de Trotsky – então no exílio – à Constituição Soviética de 36, Stalin responde que as lições de Marx e Engels não devem ser transformadas em dogma e numa nova escolástica. O Estado Soviético, ao invés de caminhar para a extinção, fortalece-se cada vez mais. Segundo ele, o papel fundamental do Estado na URSS "consiste num trabalho pacífico de organização económica e no trabalho cultural e educativo". A antiga função repressiva fora "substituída pela função de salvaguarda da propriedade socialista da acção dos ladrões e dos esbanjadores do património do povo". Losurdo sublinha que, na prática, o Estado soviético se desviou dessa função e lembra que em 1938 "imperava o terror e se ampliava monstruosamente o Gulag". Mas a permanência do Estado repressivo não responde à pergunta: até que ponto é valida a tese de Marx sobre o definhamento e a extinção do Estado? Deve ou não manter-se o Estado numa sociedade comunista? Losurdo recorda que na posição assumida por Stalin são identificáveis muitas contradições, mas sublinha que, ao contrariar uma tese clássica de Marx, o secretário-geral do PCUS actuava num terreno minado o que o expunha à acusação de "traidor" lançada por Trotsky. A partir do início dos anos 30, Stalin, na sua luta contra a oposição, acusa os seus membros, globalmente, de "agentes do inimigo". Exagerava. Mas Trotsky, principalmente, oferecia-lhe argumentos que contribuíam para a credibilidade das acusações que lhe eram dirigidas. Quando rádios da Prússia Oriental começaram a transmitir para a URSS textos trotskistas, Stalin tirou benefícios dessa iniciativa. E quando Trotsky, nas vésperas da II Guerra Mundial, em 22 de Abril de 1939, deu o seu apoio aos que pretendiam "libertar a Ucrânia soviética do jugo staliniano", intensificou-se a perseguição a quadros suspeitos de ideias trotskistas. A OUTRA "GUERRA CIVIL" Ao contrário do que se afirma na História oficial da Revolução Russa editada pelo PCUS, o grupo dirigente que assumiu o poder em Outubro de 17 estava já dividido no tocante a problemas fundamentais da política interna e internacional. Os debates sobre os sindicatos, o papel do campesinato, a economia, as relações com as potências capitalistas, a questão das nacionalidades foram sempre polémicos no Politburo e no Comité Central. Somente o carisma e o imenso prestígio de Lenine retardaram os conflitos sobre a orientação do Partido que se produziram após a sua morte. Losurdo conclui que o Relatório Secreto de Khruchov ao XX Congresso apresenta desse período histórico uma visão distorcida e fantasista. A tese de Khruchov, segundo a qual cabe a Stalin a responsabilidade pelo assassínio em 1934 de Serguei Kirov, porque o jovem dirigente estaria implicado numa vasta conspiração contra ele, é rebatida por Losurdo com o apoio de documentação recentemente divulgada. Na realidade Kirov tinha uma grande admiração por Stalin que depositava nele uma confiança total. As conspirações para afastar Stalin do Poder foram muito reais, mas as versões delas apresentadas no Ocidente por sovietólogos anticomunistas contribuem na opinião do filósofo marxista italiano para falsificar a história. E atingiram esse objectivo. Domenico Losurdo está consciente de pisar um terreno perigoso na sua tentativa de iluminar um Stalin diferente do ditador cruel, megalómano e vingativo cujo perfil aparece esboçado no Relatório Secreto ao XX Congresso. Essa imagem, com o aval de Khruchov, foi exportada para todo o mundo e acabou por ser aceite no Ocidente como verdadeira até por muitos dirigentes de Partidos Comunistas. Os capítulos do livro de Losurdo que suscitaram mais polémica em Itália e noutros países são por isso mesmo os dedicados às lutas no Partido que precederam os Processos de Moscovo. De alguma maneira, a carta de Lenine ao Congresso do PCUS – lida por Krupskaia mas somente publicada anos depois – estimulou em dirigentes do Partido a tendência para lutar contra Stalin. Trotsky começou a conspirar com Kamenev e Zinoviev logo após a morte de Lenine. Losurdo define o conflito ideológico da época como uma "guerra civil" que foi permanente no Partido até aos últimos processos do ano 38. Na primeira fase da luta pelo poder, Stalin conseguiu isolar Trotsky dos velhos bolcheviques, desencadeando contra ele uma campanha em que foi recordado o seu passado menchevique e as polémicas mantidas com Lenine. O escritor italiano Curzio Malaparte, num livro que foi best seller – Técnica do Golpe de Estado – publicado em França em 1931, foi um dos primeiros intelectuais europeus a escrever no ocidente sobre os acontecimentos mal conhecidos que, no ano 27, precederam a prisão de Trotsky, a sua expulsão do Partido e o confinamento em Alma Ata, no Casaquistão. Uma documentação importante confirma que Kamenev e Zinoviev, que se opunham à política de Stalin mas sem o enfrentarem no Politburo, participaram pessoalmente dessa primeira conspiração. O objectivo era o afastamento de Stalin, mas o projecto fracassou e o secretário-geral recuperou mais uma vez Kamenev e Zinoviev, isolando Trotsky. Bukharin, sempre imprevisível, fora até então – segundo Losurdo – como director do Izvestia, um aliado firme de Stalin, mas, a partir da extinção da NEP e do inicio da colectivização das terras, empreendida em ritmo acelerado e com recurso a métodos cruéis, chegou à conclusão de que a estratégia adoptada pelo PCUS conduziria o país a um desastre. O dirigente que em Brest Litovsk tinha liderado no Partido a ala esquerdista deslocou-se para a direita numa brusca guinada, convicto de que a revolução somente poderia sobreviver se mudasse de rumo, adoptando uma orientação democratico-burguesa, o que significaria uma regressão histórica. Rogowin, um historiador trotskista citado por Losurdo, afirma que Stalin tomou então a iniciativa de desencadear "uma guerra civil preventiva" contra aqueles que pretendiam derrubá-lo. Nesse período de conspirações labirínticas, o envolvimento de destacados dirigentes em manobras de bastidores foi permanente, delas participando alguns membros da velha guarda bolchevique. A abertura dos arquivos soviéticos veio esclarecer que alguns mudaram com frequência de campo. Rogowin, polemizando muito mais tarde com Solzhenytsin, afirma que, longe de ser a expressão de "um acesso de violência irracional e insensata", o sanguinário terror desencadeado por Stalin foi na realidade a única maneira pela qual ele conseguiu quebrar a resistência daquilo a que chama "as verdadeiras forças comunistas". Nos processos de Moscovo os ex-dirigentes bolcheviques aparecem todos como traidores. Mas a palavra é brutal e a generalização deforma a história. Antonov Ovsenko, Preobrajensky, Karl Radek, Rakovsky, Bukharin, Kamenev, Zinoviev, entre outros, dedicaram as suas vidas a um projecto radical de transformação da sociedade cuja meta era o socialismo, rumo ao comunismo. Domenico Losurdo, escorado por fontes credíveis, procura compreendê-los descendo às raízes de comportamentos contraditórios que expressavam simultaneamente as dúvidas, as opções ideológicas e a fidelidade ao ideal comunista desses revolucionários. Nas páginas dedicadas ao vespeiro de lutas internas dos anos 20 e 30, a chamada conspiração dos militares merece atenção especial. Losurdo não deixa para o leitor as conclusões; neste caso não se limita a colocar os dados sobre a mesa. Na torrencial bibliografia ocidental sobre o assunto, o marechal Tukachevsky, herói da guerra civil, é sempre apresentado como vítima inocente do terror stalinista, arquétipo do revolucionário puro, triturado por uma engrenagem perversa. Losurdo afirma que já em 1920, durante a guerra na Polónia, Tukachevsky tinha deixado transparecer uma ambição militarista preocupante ao impor a marcha sobre Varsóvia que teve um desfecho desastroso. Mas Stalin confiava nele e promoveu-o a marechal após as vitórias alcançadas em 36 contra o Japão na Mongólia. Transcorridos 70 anos, continua a ser polémica a questão dos contactos secretos que Tukachevsky teria mantido com potências estrangeiras. Mas historiadores que lhe atribuem a aspiração de se transformar no "Bonaparte da Revolução Bolchevique" acumularam provas que o comprometem. O checoslovaco Benés, em 1937, informou os franceses desses contactos e Churchill, após a II Guerra Mundial, admitiu que a grande depuração no corpo de oficiais da URSS atingiu elementos filo alemães e, citando o nome de Tukachevsky, afirmou que Stalin tinha uma divida de gratidão para com o presidente Bénes. O embaixador dos EUA em Moscovo, Joseph Davies, alude também a uma "conspiração dos militares". O próprio Trotsky, não obstante o seu ódio a Stalin, afirma evasivamente, num comentário à execução de Tukachevsky e outros oficiais, que "tudo depende daquilo que se entenda por conspiração". Na sua reflexão sobre a prolongada luta travada na direcção do PCUS após a morte de Lenine, Losurdo emprega repetidamente a expressão "as três guerras civis" para caracterizar a amplitude que assumiram. A última findou com a execução de Bukharin. O filósofo italiano lembra no seu livro que Bukharin, após a extinção da NEP, decisão a que se opôs, começou, em reuniões privadas, a chamar a Stalin "o representante do neotrotskismo" e "intrigante sem princípios". Foi o começo da viragem que, paradoxalmente, mais uma vez o aproximou de Trotsky que lhe inspirava temor e admiração. AS ORIGENS DO STALINISMO A deformação da história real da Rússia começou no Ocidente logo após o derrubamento da autocracia czarista. A tese segundo a qual a Revolução de Fevereiro teria sido uma revolução quase sem violência e a de Outubro uma sangrenta tragédia é um mito forjado nos países capitalistas. Na realidade morreu muito mais gente na primeira do que nas jornadas que precederam o assalto ao Palácio de Inverno e nos dias posteriores. Losurdo, no capítulo em que estuda as "origens do stalinismo", recorda que Stalin, contrariamente a Trotsky, defendia a compatibilidade de um "nacionalismo sadio", do "sentimento nacional e da ideia de pátria" com a fidelidade ao internacionalismo proletário. Quando o Reich nazi invadiu a URSS afirmou insistentemente que o caminho para o universal passava através da luta dos povos que não aceitavam a condição de escravos ao serviço do povo de senhores imaginado por Hitler. Stalin é acusado de defender um conceito de estado e uma politica de nacionalidades cuja aplicação reflectiu contradições antagónicas. Mas vivia-se uma época em que contradições simultaneamente transparentes e incompatíveis eram comuns na formulação da teoria revolucionária. Rosa Luxemburgo criticou duramente o partido bolchevique por ter liquidado a democracia tal como a concebia, mas simultaneamente exortava-o a reprimir com punho de ferro qualquer tendência separatista de "povos sem história", incluindo o da sua Polónia natal. Stalin, pelo contrario, defendia a necessidade de um respeito enorme pelas mais de cinquenta nacionalidades da Rússia e considerava que a preservação das suas línguas e culturas lhe aparecia como indissociável do progresso da Rússia revolucionária. Essas ideias, condensadas num livro elogiado por Lenine, não encontraram porém tradução na praxis, sobretudo a partir dos anos em que exerceu como secretário-geral do PCUS um poder pessoal quase absoluto. Mas, paradoxalmente, nos últimos anos da vida, Stalin reassume a defesa das nacionalidades ao combater como utópica a ideia de "uma língua única para a humanidade" "quando o socialismo triunfar a nível mundial". Sublinhando que a língua não é uma super estrutura, afirma que os idiomas não foram criados por uma classe social, mas "por todas as classes da sociedade graças aos esforços de centenas de gerações". No seu denso ensaio, cuja riqueza conceptual e documental é incompatível com sínteses breves, Losurdo fixa as origens daquilo a que se chamou o stalinismo, numa época marcada por tensões, conspirações e fome, do inicio da colectivização das terras. Citando a Fenomenologia do Espírito, de Hegel, e o que o filósofo alemão pensava da "liberdade absoluta" e do "terror", sustenta que "o "stalinismo" não é o resultado "nem da sede de poder de um individuo, nem de uma ideologia, mas do estado de excepção permanente que se implanta na Rússia a partir de 1914". A maioria dos historiadores ocidentais sérios, lembra, coincidem em que no início dos anos 30, Stalin não era ainda um autocrata. Segundo Werth não existia nesse tempo o culto da personalidade e persistia a tradição da ditadura do proletariado. Em 1925, em plena NEP, Stalin expressava opiniões como esta: "hoje não é mais possível dirigir com métodos militares"; "agora não se exerce a máxima pressão, mas a máxima flexibilidade, seja na política seja na organização"... Então considerava um erro "identificar o Partido com o Estado" e repetia que "o socialismo é a passagem (da fase) em que existe a ditadura do proletariado à sociedade sem estado". Foi a decisão de industrializar o país rapidamente que provocou a viragem estratégica que desencadeou a repressão sobre os camponeses. Cercada por potências hostis, sem acesso ao capital internacional, a URSS para financiar a industrialização, recorreu aos excedentes gerados por uma agricultura atrasada. O projecto da colectivização da terra, pela maneira violenta como foi concretizado, produziu rasgões não apenas no tecido social como na direcção do Partido. Atingiu o objectivo, mas o preço político e social foi altíssimo. Mas terá sido somente a partir de 37, com o Grande Terror – expressão utilizada por Losurdo – que a ditadura do proletariado cedeu o lugar à autocracia. Nas Obras Completas de Stalin são, porém numerosas as páginas em que ele repete que a ditadura do proletariado teria assumido um carácter muito diferente se a Guerra Mundial, anunciada com antecedência, não o tivesse encaminhado para uma politica de concentração do poder. Seria sincero ao escrever que a concebeu como transitória? Nunca o saberemos. O que está comprovado por uma abundante documentação é a convicção que Stalin tinha de que após a derrota do III Reich hitleriano se abriria à Aliança com os EUA e a Inglaterra um grande futuro. Acreditou numa era de boas relações com o Ocidente capitalista. Não previa então para a Europa Oriental o tipo de regimes que ali instalou com mão de ferro. Entendia que a Polónia não deveria optar pela via da ditadura do proletariado. "Não é obrigada a isso, não é necessário". E, falando com dirigentes comunistas búlgaros, surpreendeu-os ao afirmar: "é possível realizar o socialismo de um modo novo, sem a ditadura do proletariado". E, quando mantinha ainda uma relação cordial com Tito, disse-lhe: "Nos nossos dias o socialismo é possível inclusive sob a monarquia inglesa". O americano Robert Conquest, o historiador de ultra direita a que Losurdo atribui essas palavras, sublinha que elas demonstram que "Stalin estava repensando activamente a validez universal do modelo soviético de revolução e socialismo". O que não suscita duvidas é que a Guerra Fria fez ruir eventuais planos sobre uma mudança de estratégia e pôs termo à meditação ideológica sobre os modelos de socialismo. O degelo tornou-se uma impossibilidade. SOBRE A POPULARIDADE DE STALIN E OS GULAG Losurdo dedica muitas páginas ao tema da popularidade de Stalin. Baseado em fontes de múltiplas tendências, chama a atenção para uma realidade desconhecida no Ocidente. Mesmo durante o biénio do Grande Terror, 37-38, a base social de apoio à política de Stalin amplia-se. Verifica-se, escreve Losurdo, "uma interacção paradoxal e trágica". Em consequência, por um lado, do forte desenvolvimento económico e cultural e por outro do medo suscitado pela repressão, "dezenas de milhares de stakanovistas tornaram-se directores de fábricas e uma análoga e rapidíssima mobilidade social ocorreu nas forças armadas". Nas vésperas da guerra, o chefe dos tradutores do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reich, de visita a Moscovo, ao passar pela Praça Vermelha resumiu nestas palavras a atmosfera de tranquilidade existente na capital: "Quem esteve em Moscovo e não viu Lenine, disse-me um membro da Embaixada, não vale nada para a população rural russa". Nas campanhas anti comunistas, os textos sobre os Gulag siberianos criados por Stalin e os relatos sobre o sofrimento dos deportados funcionam como artilharia pesada. Muitos livros têm sido dedicados ao tema, desde o romance que valeu o Nobel a Solzhenytsin. Losurdo aborda a questão de frente, situando-se numa perspectiva pouco habitual. Estudou a fundo a documentação soviética existente nos arquivos. Como ser humano e revolucionário inspiram-lhe sentimentos de repulsa e indignação os campos de trabalhos forçados, em qualquer país e quaisquer que sejam os seus objectivos. Essa posição não o impede de denunciar a falsificação das estatísticas ocidentais que inflacionam desmesuradamente a população dos Gulag, multiplicando o número de pessoas que passaram por eles e os que ali morreram. Simultaneamente rejeita os paralelos estabelecidos entre os campos de extermínio nazi e os campos de trabalho soviéticos. O universo concentracionário siberiano era um mundo de contradições. Na URSS – salienta Losurdo – a lei punia com rigor as violações rotineiras dos regulamentos. O próprio Vichinsky, quando Procurador-Geral da União, denunciou publicamente as condições intoleráveis de alguns Gulag onde os homens eram tratados como "animais selvagens". Losurdo recorda que nos campos soviéticos havia bibliotecas para os deportados, e a direcção promovia espectáculos, concertos e conferencias e que os prisioneiros em muitos Gulag estavam autorizados a publicar jornais murais. A partir do início da agressão alemã, as condições de vida suavizaram-se em quase todos os campos de trabalho soviéticos. Milhares de prisioneiros foram beneficiados por uma série de amnistias e reintegrados na sociedade ou nas forças armadas. Losurdo, numa critica frontal à hipocrisia dos intelectuais anticomunistas que reescrevem a história, falsificando-a, procede a um breve inventario dos horrores de campos de concentração criados por potencias ocidentais cujos dirigentes se apresentam como campeões dos direitos humanos, horrores ocultados por um manto de silencio. A Austrália, por exemplo, ao longo de quase todo o século XIX, foi a Sibéria oficial da Inglaterra imperial. Os textos que reproduz esboçam dos campos de concentração australianos um panorama só comparável ao dos criados pelas SS de Himler. Os aborígenes, alias, ainda eram caçados no país no início do século passado como animais. E que pensar dos campos de internamento instalados por Roosevelt para cidadãos de origem japonesa – incluindo crianças – cujo único crime era a origem étnica? Durante a guerra, muitos prisioneiros alemães foram submetidos nos EUA a torturas medievais, como a destruição dos testículos. É do domínio público que na primeira metade do século XX os linchamentos de negros eram ainda rotineiros em Estados do Sul do país. Ho Chi Min descreve esses espectáculos macabros, tolerados pelas autoridades. Assistiu, angustiado, a um deles. Nas histórias da Inglaterra não há praticamente referências aos campos de trabalho militarizados instalados na Índia durante o Império. Mas eles existiram e foram cenário de crimes repugnantes. O apagamento da memória histórica dos horrores dos campos de concentração criados pela França na Argélia é igualmente uma realidade na pátria de Victor Hugo. Na Alemanha ignora-se o genocídio planeado dos Herreros e dos Hotentotes na Namíbia quando aquele país era uma colónia do Império dos Hohenzollern. Foram chacinados como animais em campos especiais pelo exército colonial do Kaiser Guilherme II. Do genocídio dos indígenas também pouco se fala no Canadá; mas esse silêncio não apaga o facto de que o objectivo dos campos da morte do país foi o extermínio deliberado de tribos inteiras de índios num autêntico holocausto. A evocação desses crimes esquecidos pelos defensores ocidentais dos direitos humanos ocupa muitas páginas no livro de Losurdo. Poderia ter acrescentado uma referência ao campo do Tarrafal em Cabo Verde e aos campos de concentração, como o de São Nicolau, que Salazar instalou em Angola. STALIN E OS JUDEUS A satanização de Stalin no Ocidente não é somente uma constante nas campanhas anticomunistas. Historiadores europeus e estado-unidenses de prestígio identificados com a ideologia neoliberal cultivaram nas últimas décadas uma perversa modalidade de irracionalismo no esforço para diabolizar Stalin. A receita é primária: Stalin e Hitler seriam "monstros gémeos". Losurdo na desmontagem do paralelo e das imaginárias afinidades entre o dirigente soviético e o führer nazi analisa textos de autores como a destacada escritora sionista estado-unidense Ana Arendt para ridicularizar a argumentação inspirada por um anticomunismo cavernícola. Arendt, entre outras inverdades, apresenta Stalin como um anti-semita fanático. Atribui-lhe uma "política canibalesca"contra os judeus, baseada num ódio racial feroz. O historiador Robert Conquest, porta-voz da extrema-direita norte-americana, comentando a repressão na Ucrânia durante a colectivização afirma que Stalin transformou aquela Republica soviética num "imenso Bergen Belsen" (um campo de extermínio alemão). Losurdo lembra que Conquest, num dos seus livros, editado no âmbito de uma operação politico cultural anticomunista, responsabiliza a URSS por "infâmias iguais em tudo às cometidas pelo Terceiro Reich". Cabe recordar que sucessivos presidentes dos EUA manifestaram grande apreço por Conquest como historiador e perfilharam a tese do Golodomor (o chamado holocausto ucraniano), transformando-a numa poderosa arma na Guerra-Fria. Reagan utilizou-a como instrumento ideológico no período que precedeu o desmembramento da URSS. Losurdo, ao refutar as acusações de anti-semitismo feitas a Stalin, recorda que após o final da guerra, antes da partilha da Palestina, o dirigente soviético adoptou "uma politica fundamentalmente filo hebraica". A URSS foi aliás o primeiro país a reconhecer o Estado de Israel. Numa mensagem dirigida de Paris a Ben Gurion, o seu ministro dos Estrangeiros, salienta que os delegados soviéticos actuaram como "advogados de Israel" na Conferencia da ONU sobre a questão palestiniana. Os arquivos do Foreign Office e do Departamento de Estado acumulam aliás documentação que confirma uma realidade hoje incomoda por muitos motivos: "a União Soviética contribuiu de maneira essencial – como escreve Losurdo – para a criação e fortalecimento do Estado hebraico", Losurdo, recorrendo a citações de autores insuspeitos, lembra que Stalin fustigava o anti-semitismo com expressões como "chauvinismo racial" e "canibalismo". Muitos dos bolcheviques mais destacados da velha guarda eram judeus, Zhdanov, um dirigente no qual Stalin depositou uma confiança irrestrita também era judeu. E durante décadas milhares de elementos de origem hebraica ocuparam funções da maior responsabilidade no Estado Soviético. Hitler nas suas catilinárias anti-semitas atribuía aos judeus um papel decisivo na preparação da Revolução de Outubro. Utilizando uma linguagem desbragada, aludia a uma "horda terrorista hebraica" de "asiáticos circuncisados" e afirmava que sangue judeu corria nas veias de Lenine. E dizia que Stalin era um judeu, não pelo sangue mas pelo espírito. A politica pró Israel de Stalin somente deu uma guinada de 180 graus, assumindo uma orientação anti-sionista, quando os diplomatas de Tel Aviv, após a visita de Golda Meier a Moscovo, iniciaram contactos secretos com a comunidade hebraica da URSS com o objectivo de estimular a emigração para Israel dos judeus soviéticos. "Cada hebreu – teria dito então Stalin, segundo Roy Medvedev – é um nacionalista, é um agente da espionagem americana". Losurdo aborda com cautela o tema da alegada "conspiração" dos médicos judeus de Stalin à qual escritores e jornalistas ocidentais dedicaram milhares de páginas. Transcorrido mais de meio século, o fuzilamento de alguns desses médicos continua a suscitar polémicas apaixonadas dentro e fora da Rússia. O filósofo italiano, comentando versões contraditórias, evita uma conclusão, sublinhando que não foram somente dirigentes soviéticos a emprestar credibilidade à teoria do complot. O diplomata britânico Sir Joe Gascoigne admitiu na época que os médicos do Kremlin eram "culpados de traição". COMUNISMO ANTÍTESE DO FASCISMO A intensidade, as proporções e a sofisticação da campanha anticomunista na qual um dos objectivos era a destruição da imagem positiva projectada no mundo pela União Soviética produziram no Ocidente efeitos prolongados e complexos que se manifestam ainda, transcorridas quase duas décadas desde a reimplantação do capitalismo na pátria de Lenine. A ofensiva prosseguiu. Os teóricos do capitalismo, criadores de slogans como "O império do mal" e outros similares, compreenderam que o esforço para desacreditar a URSS era insuficiente se não concentrassem as suas criticas na ideologia do sistema. Marx, Engels e Lenine tornaram-se então alvos preferências dos intelectuais e de políticos empenhados em apresentar o socialismo como um projecto fracassado não apenas utópico, mas monstruoso. Qualquer cientista político minimamente estudioso sabe que não existiu até hoje um único regime comunista. Mas simulando ignorar a evidência – o comunismo é uma fase superior do socialismo – os ideólogos da burguesia insistem em chamar comunistas aos países que desenvolveram experiências socialistas, entre os quais a URSS. A maioria dos Partidos Comunistas – o Português, o da Grécia e o Akel cipriota são na Europa excepções ao revisionismo – não soube reagir positivamente a essa ofensiva ideológica. Muitos dirigentes, por ela contaminados, não somente participaram das campanhas de satanização da URSS como renegaram os valores da Revolução de Outubro, levando a capitulação ao extremo de aderir a calúnias anticomunistas. Registo que não faltam militantes de partidos revolucionários que, por temor, não ousam hoje assumir-se publicamente como marxistas e comunistas. Foi no âmbito dessa ofensiva ideológica que académicos de grandes universidades europeias e norte-americanas forjaram a tese segundo a qual fascismo e comunismo seriam, afinal, variantes de uma mesma concepção monstruosa da política. Entre os muitos livros publicado sobre o tema, alguns, como Origens do Totalitarismo, de Ana Arendt, foram best-seller mundiais que disseminaram a mentira e a calúnia com verniz de verdade. Domenico Losurdo nos capítulos dedicados à psicopatologia e à moral das leituras ocidentais da era de Stalin e à aberração das comparações entre este e Hitler desce às origens e motivações da estratégia anticomunista. Relembra que esse trabalho tem raízes antigas. O Presidente Wilson, por exemplo, era um fanático anticomunista. Na sua opinião, a Revolução de Outubro foi fundamentalmente um Complot alemão e Lenine e outros dirigentes bolcheviques teriam estado durante anos ao serviço da Alemanha imperial. Losurdo, que emprega a expressão Grande Terror com maiúsculas para designar o biénio 37-38 dos Processos de Moscovo, esboça com frontalidade o quadro sombrio da repressão na URSS em diferentes fases da era de Stalin. Alerta, porém, para a hipocrisia de eminentes historiadores ocidentais que branqueiam ou omitem crimes contra a humanidade praticados pelos governos e forças armadas de países capitalistas enquanto se esforçam para mobilizar as consciências contra os cometidos pelos "monstros comunistas". Recorda – apenas um exemplo – que o fuzilamento de oficiais polacos pelos soviéticos em Katyn foi um crime indesculpável. Sublinha, porem, que esse massacre abjecto tem sido utilizado exaustivamente pela propaganda ocidental no cinema, na televisão, na imprensa, em livros – como prova do carácter bárbaro, desumano do regime soviético. Num brevíssimo inventário de alguns crimes ocidentais que não figuram ou são suavizados nos manuais de História, Losurdo cita entre outros: A morte por fome e maus-tratos de dois dos três milhões de prisioneiros soviéticos capturados pelos alemães na Frente Leste. A chacina pelos britânicos de milhares de mulheres e crianças no campo de concentração de Kamiti, no Quénia, após a rebelião dos Mau Mau. O bombardeamento genocida de Dresden pelos ingleses quando a guerra estava no final e o apoio de Churchill, Roosevelt e Truman aos bombardeamentos terroristas de cidades alemãs sem objectivos militares com o objectivo de aterrorizar as populações. A execução na Sicília por ordem do general Patton de soldados italianos que se tinham rendido ao exército americano. O genocídio nas Filipinas no começo do século XX durante a revolta contra a ocupação norte-americana. O extermínio total da população aborígene da Tasmânia. A recusa de fazer prisioneiros muçulmanos durante a campanha do Sudão no final do século XIX na qual Churchill participou como oficial de cavalaria. A execução em Taejon em Julho de 1950 de 1700 coreanos que antes do fuzilamento foram obrigados a escavar a fossa onde foram sepultados. O extermínio pelo exército dos EUA do total dos moradores de dezenas de aldeias no Vietname e no Laos. A ordem de Nixon no inicio dos anos 70 para que fossem lançadas nas áreas rurais do Camboja mais bombas de quantas haviam explodido nas cidades japonesas durante toda a segunda guerra mundial. E o mais trágico e abjecto dos crimes contra a humanidade: o lançamento da bomba atómica sobre Hiroshima e Nagasaki em Agosto de 1945. O ÓDIO NÃO FAZ HISTÓRIA Para os ingleses é muito constrangedor hoje reconhecer que os seus líderes derramaram elogios sobre Mussolini e Hitler antes da Guerra Mundial. Churchill declarou em 1933 que via "o génio romano personalizado em Mussolini, o maior legislador vivo, que mostrou a muitas nações como se pode resistir a chegar ao socialismo"… Quatro anos depois, em 1937, escreveu que Hitler era um político "extremamente competente", com um "sorriso que desarmava"e um "subtil magnetismo pessoal". Lloyd George, o ex Primeiro-ministro liberal, foi ainda mais apologético ao definir o führer como "um grande homem". Paradoxalmente, os mesmos dirigentes das grandes potências ocidentais cujos anátemas contra a URSS e Stalin continuam a ser peças de fundo nas campanhas anticomunistas reconheceram publicamente a decisiva importância da contribuição soviética para a derrota do Reich nazi e manifestaram grande apreço pela pessoa do secretário-geral do PCUS. Roosevelt, já muito doente, não escondeu a impressão positiva que na Conferencia de Teerão lhe causara a personalidade de Stalin, definindo-o como um estadista de grande talento e cultura. Na correspondência de Churchill hoje publicada são numerosas as referencias altamente elogiosas a Stalin. Identificou nele um dos mais dotados estadistas do século XX. Isso não o impediu de dar o dito por não dito e de se orgulhar de ser o pai da Guerra Fria ao esboçar no famoso discurso de Fulton os perigos daquilo a que chamou a "Cortina de Ferro". Obviamente o Relatório Secreto de Khruchov trouxe um poderoso estímulo à campanha de demonização de Stalin. A abertura dos Arquivos soviéticos e as memórias de marechais que desempenharam um grande papel na derrota militar do III Reich constituem o mais eficaz dos desmentidos a afirmações caricaturais desse Relatório que apresenta de Stalin a imagem de um dirigente que caíra em depressão com a invasão alemã e sem influência directa na condução da guerra patriótica. A tese provocatória dos monstros gémeos", difundida por Ana Arendt e outros escritores anticomunistas, não passa de uma grotesca operação de marketing político. Mas continua a ser tempero utilizado nas campanhas de satanização de Stalin. Losurdo chama a atenção para o protagonismo que Arendt mais uma vez assumiu nessa ofensiva, na tentativa de forçar um paralelo entre a Alemanha nazi e a URSS Staliniana. A escritora sionista pretende iluminar "a origem do totalitarismo", mas na realidade o seu ensaio agride a História, configurando aquilo a que Lukacs chama o assalto à razão. A obsessão dos ideólogos do neoliberalismo em lançar pontes entre Hitler e Stalin é tão irracional que assume facetas de paranóia. Losurdo pulveriza a tese e lembra com fundamento que pelo pensamento e pela sua intervenção na Historia foram precisamente duas personalidades antagónicas. Enquanto Hitler fez do racismo um cimento do Estado nazi, Stalin condenou-o como forma de canibalismo social e ameaça à paz. Stalin investiu sempre contra o mito da superioridade dos arianos puros, sobretudo os alemães, sobre os demais povos. Sob a sua direcção, a União Soviética assumiu um papel decisivo na descolonização e foi graças à solidariedade do Partido sob a sua direcção, apoio ideológico e ajuda material que as lutas de libertação nacional se desenvolveram vitoriosamente na Africa, na Ásia e na América Latina. Até Friedrich Hayek, o economista austríaco que é considerado o pai do neoliberalismo ortodoxo, reconhece que sem a Revolução russa o chamado estado social não teria sido possível na Europa. 04/Agosto/2009 [*] Carocci Editore , Roma, 2008, 384 pgs., ISBN 9788843042937 Blog de Domenico Losurdo: http://www.domenicolosurdo.blogspot.com/ Encomendar obras de Domenico Losurdo . O original encontra-se em http://www.odiario.info/articulo.php?p=1250&more=1&c=1 Este artigo encontra-se em http://resistir.info/ . 05/Ago/09