Ia parte
La Comisión sindical del Comité regional de La Paz del Partido comunista de Bolivia, considera necesario recordar la Marcha por la vida, dentro de la situación reinante en aquel entonces, particularmente la crisis en la cual se encontraba sumida la COMIBOL y la minería nacional en general, con sus secuelas económicas, políticas y sindicales.
La Marcha por la vida constituyó un escenario revolucionario histórico, de trascendencia política nacional e internacional, realizado en cumplimiento de las resoluciones del XXI Congreso minero efectuado en la ciudad de Oruro el 12 de mayo de 1986, las cuales encomendaban al Comité ejecutivo la aplicación del Plan de emergencia de la Federación de mineros, en defensa de la minería nacional.
Ante la crisis generalizada en COMIBOL y en el resto de la minería boliviana el Plan de emergencia de la FSTMB planteaba su superación mediante el aumento de la productividad partiendo de una racionalización del trabajo, de la planificación minera y la introducción de tecnologías modernas con lo cual se rebajarían los costos de producción, el Plan sostenía además la conservación de todos los puestos de trabajo, es decir cero despidos y el mantenimiento de la nacionalización de las minas de COMIBOL. El Gobierno del MNR, por su parte anunciaba el cierre de las minas “marginales”, el despido de los trabajadores “supernumerarios” y, en última instancia, la entrega de las minas y yacimientos mineralógicos del país a la voracidad de las empresas transnacionales, particularmente a las del imperialismo estadounidense, con la complicidad del Fondo monetario internacional -FMI- y del Banco mundial -BM-.
El Comité ejecutivo nacional -CEN- de la Federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia -FSTMB-, presidido por Simón Reyes, Federico Escobar y otros esclarecidos camaradas, pese a la deserción de unos cuantos miembros “renunciantes”, asumieron su responsabilidad en la aplicación del Plan de la FSTMB.El CEN de la FSTMB convocó a un ampliado nacional el 12 de junio de 1986 con el fin de discutir en detalle el contenido del Plan de emergencia, el cual resolvió lo siguiente:
1. Aprobar el Plan de emergencia de la FSTMB y proceder a la discusión del mismo con las autoridades del Gobierno y de COMIBOL, con quienes se mantenía vigente un acuerdo tripartito.
2. Para garantizar el éxito de las discusiones ser declaró Estado de emergencia y movilización de los trabajadores mineros hasta lograr la aplicación del Plan de emergencia propuesto por la FSTMB como la única forma de superar la grave situación de las minas.
3. Se instruyó a todas las organizaciones sindicales promover, orientar y preparar una movilización general en defensa de la minería nacionalizada en los departamentos de Oruro y Potosí, a través de cabildos abiertos convocados por las Centrales obreras departamentales y Comités cívicos para que el Plan de la FSTMB contase con el apoyo mayoritario y se haga realidad la rehabilitación de las minas de COMIBOL.
4. Organizar en todo el país, a través de la FSTMB, Comités de defensa de la minería boliviana, concientizando al pueblo para la formación de un amplio frente que se opusiese al cierre de varias minas de COMIBOL, al despido de sus trabajadores y a la entrega final de las minas de mejores perspectivas a las transnacionales.
5. Solicitar a la Central obrera boliviana la convocatoria inmediata a un Ampliado nacional para discutir y encarar el grave problema de la minería nacionalizada, así como el peligro del cierre de varias minas y el consiguiente retiro masivo de sus trabajadores.
6. Trazar un plan de lucha para oponerse al cierre de varias minas y al despido de trabajadores en la minería privada en general y de la mediana en particular.
Ratificado por el Ampliado el Plan de emergencia de la FSTMB y las medidas propuestas por el CEN de la FSTMB, se buscó reuniones con personeros del Gobierno y de la COMIBOL para discutir con ellos las medidas propuestas por los mineros para la superación de la crisis del sector, actividad en la cual participaron activamente los máximos dirigentes de la COB Juan Lechín y Víctor López, junto a la Comisión nombrada al efecto por la FSTMB. Esas reuniones fracasaron, el Gobierno y las autoridades de COMIBOL pretextaron el carácter de buenas intenciones y carencia de soluciones prácticas en el Plan de emergencia de la FSTMB. Las verdaderas causas radican en las “razones” del FMI, el BM y el imperialismo estadounidense.
IIa parte
ANTECEDEDENTES Y MARCO POLÍTICOS DE LA MARCHA POR LA VIDA.
En 1964 René Barrientos Ortuño fue elegido vicepresidente de la República acompañando a Víctor Paz Estenssoro. Siendo vicepresidente organizó un golpe de Estado y derrocó a Paz iniciando década y media de gobiernos militares, la mayoría de ellos de dictadura derechista. Fue presidente de la Junta Militar (1964-1965), co-presidente junto a Alfredo Ovando Candía (1965) y en 1966 fue elegido Presidente Constitucional. Llevó adelante un gobierno de desarrollismo económico, se acercó a los campesinos y se enfrentó a los obreros y mineros. Promulgó una nueva Constitución en 1967, la que, según algunos, es una de las más trascendentes de la historia boliviana.
En 1967 estalló la guerrilla comandada por Ernesto Guevara, el Che. Luego de iniciales éxitos, la guerrilla fue derrotada por el ejército, dentro de una incesante propaganda ultra nacionalista, y el fuerte apoyo económico y militar de los Estados Unidos. Barrientos declaró que el Che Guevara había muerto en combate cuando él mismo había dado la orden de asesinarlo en la escuelita de La Higuera, el 9 de octubre de 1967.
Pereció en un extraño accidente de helicóptero el 27 de abril de 1969, a la edad de 50 años, mientras estaba en ejercicio del mando presidencial. Fue sucedido por su Vicepresidente, Luis Adolfo Siles Salinas quien fue derrocado cinco meses después por un nuevo golpe de estado militar dirigido por el General Alfredo Ovando Candía quien gobernó durante un año.
Durante su gobierno el General Ovando adopto medidas importantes, y sorprendentes para los observadores, aboliendo la severa ley de Seguridad del Estado, garantizando diversas libertades para la ciudadanía y la prensa, autorizando a los dirigentes sindicales para reorganizar la Central Obrera Boliviana (COB), nacionalizando todas las concesiones otorgadas a Bolivia Gulf Oil Company.
En octubre de 1970, un nuevo golpe militar encabezado por el General Rogelio Miranda, Comandante del Ejército, derrocó al General Ovando y organizó una junta militar. Inmediatamente la Central Obrera Boliviana (COB) declaró una huelga general que impulsó un contragolpe militar de tendencia izquierdista, que llevó al poder al General Juan José Torres, quien asumió como presidente del gobierno revolucionario el 7 de octubre de 1970.
El General Juan José Torres se caracterizó por adoptar una posición explícitamente antiimperialista y llevar adelante medidas que significaban profundos cambios económicos y sociales, como la nacionalización de la Mina Matilde, la reposición salarial a los mineros, la nacionalización de Colas y Desmontes, la expulsión del Cuerpo de Paz Norteamericano, el incremento del presupuesto asignado a la Universidades Bolivianas, la creación de la Corporaciones de Desarrollo (incubadoras de las empresas estatales), la creación del Banco del Estado (Banco de Desarrollo), etc.
Durante el gobierno de Torres la iniciativa política correspondió a la llamada Asamblea Popular de 1971, organizada por la Central Obrera Boliviana (COB), dirigida por su secretario general, Juan Lechín e integrada mayoritariamente por los sindicatos, los partidos políticos que tenían representación en la conducción de la COB, y algunas organizaciones campesinas. La Asamblea Popular se desempeñaba como un poder paralelo y tenía como objetivo realizar una revolución socialista en Bolivia. Le Monde Diplomatique la definió en aquel momento como el «primer soviet de América Latina».
El nacimiento de la Asamblea Popular que quiso hacer co-gobierno y la debilidad de su gobierno, posibilitaron un nuevo golpe militar que llevo a la presidencia a Hugo Banzer el 21 de agosto de 1971.
Cinco años más adelante Juan José Torres sería secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976 en el marco del denominado Plan Cóndor.
El régimen de Hugo Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una mayor represión, ilegalizó a los partidos políticos, prohibió la acción sindical, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. Luego de ello recibió apoyo directo del Chile de Augusto Pinochet y de Estados Unidos.
Fue dictador por siete años, en una época de prosperidad económica aparente gracias al endeudamiento internacional y en alguna medida a los precios de las exportaciones bolivianas de estaño, el petróleo y préstamos de la Comunidad internacional, que crearon una de las deudas externas más grandes que tuvo Bolivia y que sus críticos atribuyen como causa del posterior retraso y subdesarrollo de Bolivia, aunque sus simpatizantes sostienen que gracias a ella se realizaron las inversiones públicas que le permitieron a Bolivia ingresar al siglo XX y dejar de ser una aldea.
Fue derrocado en 1978 y una junta militar liderada por Juan Pereda Asbún se hizo con el poder.
El 24 de noviembre de 1978, el General David Padilla, perteneciente al fuerte sector nacionalista-popular del ejército boliviano, derrocó al General Juan Pereda Asbún con el fin de establecer un gobierno democrático y procedió a convocar a elecciones en julio de 1979. Allí triunfó el socialista Hernán Siles Suazo del MNR-I, un resultado inaceptable para las dictaduras del Cono Sur y los Estados Unidos, articuladas regionalmente por entonces a través del Plan Cóndor. Sin embargo, al no alcanzar Siles el 50 % de los votos, la Constitución establecía que el Congreso era el que debía definir la elección del presidente. Sin embargo las presiones fueron inmensas y resultó imposible obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cómo solución temporal el Congreso designó al Presidente del Senado, Wálter Guevara Arce, para hacerse cargo interinamente de la Presidencia de la República por un año, hasta las elecciones de 1980.
El 1º de noviembre de 1979 el General Alberto Natusch Busch derrocó al gobierno democrático mediante un sangriento golpe de estado. Como reacción se produjo un levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana (COB) que generó a su vez una violenta represión generalizada, incluyendo la Masacre de Todos Santos, donde murieron más de 100 personas y se produjeron 30 desaparecidos. Dieciseis días después, la resistencia popular obligó a Natusch Busch a devolver el poder al Congreso que eligió a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler, como Presidente interina de la República, hasta las elecciones del 29 de junio del año siguiente. Lidia Gueiler ha sido la única presidenta de Bolivia, y una de las ocho que han gobernado en América hasta 2007.
Una semana antes de las elecciones se realizó el atentado terrorista de derecha que hizo estallar en el aire el avión en el que iba Siles Suazo, quien salvó milagrosamente su vida. Contra lo esperado por los sectores golpistas, el ataque incrementó la popularidad de Siles que en las elecciones obtuvo el doble de los votos obtenidos el año anterior.
El 17 de julio de 1980 un grupo de militares estrechamente ligados al narcotráfico, liderados por Luis García Meza y su lugarteniente Luis Arce Gómez con apoyo activo de la la dictadura militar argentina y la acción de un comando terrorista denominado los Novios de la Muerte8 y organizados por el criminal nazi Klaus Barbie y el mafioso italiano Marco Marino Diodato, encubiertos por la CIA, produjeron un nuevo sangriento golpe de estado, derrocando al gobierno democrático de Lidia Gueiler e impidiendo la asunción de Hernán Siles Suazo.
Habiendo aprendido la lección del fallido golpe del año anterior encabezado por Alberto Natusch Busch debido a la resistencia popular organizada por la COB, el objetivo principal del grupo terrorista los Novios de la Muerte fue atacar la central sindical donde se reunía el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE). En el ataque asesinaron al dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, al diputado Carlos Flores Bedregal y al dirigente minero Gualberto Vega Yapura.
La dictadura de García Meza es uno de los períodos más condenables de la historia boliviana, disvalor compartido con las restantes dictaduras del Cono Sur. Como en estas, resultaron asesinados o desparecidos unos 500 opositores. Las exportaciones de cocaína sumaron 850 millones de dólares, el doble de las exportaciones legales. Entre los múltiples actos de corrupción cometidos se cuenta la venta clandestina del Diario de Bolivia de Ernesto Che Guevara.
La represión y la corrupción no pudieron evitar las luchas internas entre diferentes facciones militares. Estas luchas llevaron a que el 4 de agosto de 1981 García Meza renunciara para acceder al poder el General Celso Torrelio Villa, que no demostró intención alguna en volver a un sistema democrático. En julio de 1982 el sector militar que respondía a García Meza volvió a intentar un golpe de estado fallido, que provocó la caída de Torrelio Vila y su reemplazo por el General Guido Vildoso Calderón, con el mandato de comenzar a organizar la transición hacia un régimen democrático. Los tiempos se aceleraron cuando el 17 de septiembre de 1982, una huelga general convocada por la COB puso al país al borde de la guerra civil. La dictadura militar colapsó y el poder le fue entregado a un Congreso Nacional conformado según la composición de 1980, que decidió considerar válidas las elecciones de 1980 y designar en consecuencia a Hernán Siles Suazo como presidente.
García Meza y sus colaboradores fueron juzgados en la Corte Suprema por los delitos cometidos durante su dictadura y finalmente sentenciados el 21 de abril de 1993. Luis García Meza estuvo presente en los momentos iniciales de su juicio pero huyó en 1989. Permaneció fugitivo hasta su captura en Brasil en 1994. Actualmente cumple su condena en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Hernán Siles Suazo volvió al gobierno democráticamente el 10 de octubre de 1982 apoyado en la Unidad Democrática y Popular (UDP), alianza que había formado a fines de la década del 70 entre su Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR- I), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB).
Al asumir la presidencia la frágil democracia boliviana se encontraba frente a una muy difícil situación económica y política. Económicamente, Bolivia estaba quebrada frente a la crisis de la deuda externa, común a toda América Latina derivada de una década en la que las dictaduras latinoamericanas endeudaron fraudulentamente a los países con crédito barato. Además se desencadenó un proceso hiperinflaciónario (27.000 %) que destruyó el poder adquisitivo de los asalariados, llevando el país a la anarquía.
Siles no tuvo respuestas económicas. La fijación de precios fracasó y finalmente debió renunciar y llamar a nuevas elecciones el 6 de agosto de 1985. Hay que señalar en favor de su gobierno, que logró preservar la democracia, constituyéndo a Bolivia en mascarón de proa de la recuperación democrática del Cono Sur, seguida de Argentina (1983), Uruguay (1985), Brasil (1985), Paraguay (1989) y Chile (1990). Otros actos de gobierno de gran importancia histórica fueron la extradición de Klaus Barbie, el apoyo moral a la Argentina en la guerra de las Malvinas y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China.
Poco después de concluir su gobierno, se retiró para siempre no sólo de la vida política, sino también de Bolivia, cansado y decepcionado para radicarse en Uruguay, donde tiene una hija suya casada con un ciudadano uruguayo. Allí muere en Montevideo años después y sus restos mortales fueron repatriados a La Paz, donde descansan ahora.
En 1985 Víctor Paz Estenssoro ganó las elecciones, tras su posesión impulsó una serie de políticas económicas de carácter neoliberal, establecidas mediante el Decreto Supremo 21.060. En su cuarto y último gobierno, con este decreto, cambió la orientación económica estatista por la neoliberal, frenando en seco la hiperinflación. Tomó drásticas medidas, como el despido de 23.000 trabajadores por la aguda crisis del estaño. Paz gobernó constitucionalmente hasta 1989. En 1990 renunció a la jefatura del MNR y se retiró definitivamente a la vida privada. Murió en Tarija el 7 de junio de 2001.
IIIa parte
El 16 de julio de 1986, el CEN de la Federación de mineros convocó nuevamente a un ampliado de los sindicatos de la minería nacionalizada con la finalidad de informar sobre el estado de las negociaciones respecto del plan de emergencia de COMIBOL y, entre ellas, la última entrevista con el Presidente de la República Victor Paz Estenssoro. En este ampliado minero se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Ratificar la posición de los trabajadores en sentido de defender el Plan de emergencia de COMIBOL.
2. Condenar la actitud de COMIBOL y el Gobierno quienes, sin respetar los acuerdos existentes, estaban obligando al retiro “voluntario” de trabajadores en todos los distritos mineros.
3. Protestar por la continuidad de la política del Gobierno en definir la suerte de COMIBOL, demostrando de este modo su falta de responsabilidad. Asimismo se acordó rechazar el cuarto intermedio -sin fecha concreta de su conclusión- propuesto por el Presidente de la República y dar un plazo hasta el 26 de julio para conocer su respuesta sobre el Plan de emergencia y rehabilitación de COMIBOL, sostenido por la Federación de mineros.
4. Decretar movilización general de los trabajadores mineros y planificar la lucha inmediata, buscando los medios más efectivos.
5. Proponer a los comités cívicos de Oruro y Potosí la paralización total de actividades de ambos departamentos, por 24 horas, como primera medida en el enfrentamiento del conflicto.
6. Movilización general de las organizaciones mineras para que los comités cívicos de los demás departamentos apoyen decididamente la sobrevivencia de COMIBOL y, en consecuencia, de los departamentos de Oruro y Potosí.
Es decir, en este ampliado se pergeñaron las bases de un plan de lucha para enfrentar al Gobierno en su intento de liquidar definitivamente a la minería estatal rechazando el Plan de emergencia de la FSTMB sin haberlo sometido a un análisis y discusión serios pues, a todas luces, ya tenía intenciones premeditadas para rechazarlo sin mayores consideraciones.
Luego de las primeras acciones para llevar a la práctica las resoluciones anteriores, el CEN de la FSTMB vio por conveniente llamar a un nuevo ampliado nacional minero en la ciudad de Oruro, el 19 de agosto, para mayores concreciones en el plan de lucha unitaria en defensa de la industria minero-metalúrgica del país frente al rechazo tajante del Gobierno al Plan de emergencia de la FSTMB. Las fuerzas vivas de los departamentos de Oruro y Potosí, luego de grandes manifestaciones y cabildos abiertos, decidieron sumarse categóricamente a la convocatoria al ampliado a través de sus comités cívicos. En este ampliado, del 19 de agosto, se decidió:
1. Ratificar las resoluciones aprobadas en los cabildos de Oruro y Potosí, respecto de la defensa de las unidades de producción de la Corporación minera de Bolivia.
2. Evitar el despido masivo de los trabajadores de la minería estatal.
3. Planificar la MARCHA POR LA VIDA de miles de trabajadores mineros hacia la ciudad de La Paz, como medida de presión para obligar al Gobierno a aplicar el Plan de emergencia de la FSTMB.
4. Medidas colaterales de orden social y económico como la exigencia a COMIBOL de cumplir con su obligación de aplicar correctamente el porcentaje de incremento salarial tomando en cuenta la masa salarial acumulada por el retiro de 8.000 trabajadores.
A propósito de las mejoras salariales para los trabajadores mineros, recordemos que el XXI Congreso minero no fijó una meta específica de reivindicaciones como sector, sino que se dijo que la canasta familiar elaborada por la comisión económica del Congreso -y apoyada plenamente por éste- fuese entregada a la Central obrera boliviana para su estudio y actualización, como base de una propuesta integral de los trabajadores bolivianos. En efecto, nuestro aporte se incluyó en el Pliego único nacional presentado por la COB al Gobierno el 1º de mayo de 1986.
Queremos dejar claramente establecido que, en estos ampliados se rechazó categóricamente el planteamiento efectuado por algunos dirigentes de unos cuantos distritos mineros, como Siglo XX, en sentido de que la Federación de mineros negocie el retiro de trabajadores buscando mejoras económicas en la liquidación de sus beneficios sociales, habiéndose ratificado en cambio, la decisión firme de luchar por evitar el cierre de varias empresas mineras y el retiro masivo de trabajadores, principio sostenido por el CEN de la FSTMB con firmeza y conciencia plenas.
El presente documento originalmente fue preparado para conocimiento del otro Ampliado nacional minero realizado el 27 de septiembre de 1986, en el se pretende analizar de manera clara y abierta las actividades que en cuatro meses de existencia -12 de mayo - 27 de septiembre de 1986- le cupo realizar al Comité ejecutivo -CEN- elegido en el XXI Congreso de Oruro. El cumplimiento de las tareas sufrió constantes interferencias y ataques desde el inicio mismo de su mandato, acciones negativas inspiradas y ejecutadas por quienes se declararon enemigos de ese CEN después del resultado del Congreso de Oruro, hasta culminar con el rechazo al convenio suscrito con el Gobierno con la mediación de la Iglesia católica y la posterior renuncia irrevocable presentada por este Comité ejecutivo al Ampliado nacional minero del 27 de septiembre de 1986, renuncia que no fue aceptada por las bases mineras pese a su carácter de irrevocable.
El XXI Congreso minero encomendó a la FSTMB buscar soluciones al problema de COMIBOL. A los dirigentes del CEN nos correspondió asumir en circunstancias críticas la dirección, cuando otros compañeros también elegidos optaron por el cómodo camino de la renuncia antes de enfrentar la grave situación que se presentaba.
(Extraido de Voz Proletaria Numeros 111, 114 y 116)
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