El ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández montó una red de poder sustentada en la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y saqueo de fondos departamentales.
Una serie de documentos presentados en su momento por el Poder Ejecutivo a la prensa demuestran que parientes, funcionarios públicos, cívicos y amigos de Fernández estuvieron vinculados a esa estructura de poder regional.
La masacre de Porvenir y Filadelfia tiene su raíz profunda en esa estructura de poder que el 11 de septiembre de 2008 se defendió a sangre y fuego con la matanza de indígenas y campesinos inocentes.
El aparato represivo y de poder de Fernández tuvo el acompañamiento y la complicidad de los medios de comunicación de Cobija, a los que sobornó y compró, y a los que dominó mediante pagos ilegales.
La estructura corrupta de la ex autoridad contó, además, con la complicidad de la Controlaría Departamental de Pando, encargada de vigilar los gastos de la región, así como de fiscales, jueces y algunos policías. Sin mecanismos de fiscalización estatales, el ex hombre fuerte de Hugo Banzer convirtió a la Prefectura de Pando en el feudo de su familia, de sus aliados políticos de Poder Democrático Social (Podemos), del Comité Cívico y de algunos policías que participaron en la masacre del 11 de septiembre.
Una de las principales columnas vertebrales de su poder de corrupción se estructuró distribuyendo la administración de la Prefectura entre sus familiares, el Comité Cívico y la Brigada Parlamentaria.
La familia del ex prefecto fue principalmente la que se benefició con cargos en la administración pública departamental y la adjudicación de obras a empresas fantasmas, como se estableció a través de la verificación de planillas y contratos.
Además de los allegados a Leopoldo Fernández, se identificó a otras familias que formaron parte de esta red.
Ana Melena, presidenta del Comité Cívico, tuvo también un papel determinante en la red política y de represión de la Prefectura pandina. Melena logró acomodar a varios parientes en la administración prefectural, entre ellos su esposo, quien estaba a cargo de uno de los proyectos más importantes de Pando, que guarda relación con la creación de microempresas.
Melena, sin ser funcionaria de la Prefectura, recibió cuatro millones de bolivianos (564.000 dólares) entre 2006 y 2008 en sesenta cheques.
Todo el poder autocrático que Fernández ostentó desde el 22 de enero de 2006 hasta su detención fue financiado con recursos económicos de la región y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
De esa manera logró transferir gran parte de los recursos departamentales a su familia, con lo cual convirtió a la Prefectura en una suerte de feudo.
A Fernández también se lo acusa por supuestas irregularidades en la construcción de embarcaderos fluviales y realización ilegal del referéndum sobre el estatuto autonómico del 4 de mayo de 2008.
A tres años de la masacre, el proceso no ha avanzado con celeridad debido a las chicanas jurídicas de los acusados. Y Leopoldo podría quedar en libertad.
CAMBIO (http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-16&idn=54538)
¡¡NO A LA IMPUNIDAD!!
¡¡NI PERDON, NI OLVIDO!!
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